La preocupación que expresa Abdón Espinosa en su columna del jueves pasado en el diario El Tiempo sobre la peligrosidad de mantener sin resolver el paro de trasportadores es válida y su intervención ha sido muy oportuna. 

Proviene de una persona con autoridad y experiencia que asume la vocería de los ancianos de la tribu. 

La duración del paro y la obstinación de los transportadores en mantenerlo no deben interpretarse solamente como un exceso de parte de ellos sino que también refleja una situación económica que debe ser angustiosa. 

Esto no disculpa los brotes de violencia y mucho menos el desprecio por la vida de otros que se ha observado y que el gobierno ha salido a reprimir con severidad y con toda la razón. 

Este rigor se podría haber manifestado desde el día que comenzó el paro y no se hubieran permitido los bloqueos pacíficos a las carreteras. 

Quizás las autoridades responsables del transporte prefirieron no enfrentar esto a tiempo pero no debieron haber esperado a que el Presidente se hiciera cargo personalmente de imponer orden. 

Una cosa es protestar y dejar de trabajar, que es legítimo, y otra es intentar parar al país a la fuerza, que es inadmisible. 

Escuchando la entrevista de Yamid Amat al presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, la semana pasada antes del noticiero CM&, quedó la impresión de que las posiciones del gobierno y la de ese gremio no son irreconciliables, y que los transportadores tienen motivos legítimos para aspirar a un marco económico para su actividad que recompense su inversión y que remunere adecuadamente a los conductores cuyo trabajo es agobiante. 

El viernes en la noche, en el mismo noticiero, el Ministro de Transporte también hizo referencia a que las diferencias no son tan grandes y le hizo una invitación a la ANDI para que revisara sus cuentas sobre el aumento de los costos, que deben haber sido significativos porque algunos de sus principales componentes han aumentado con la devaluación. 

Pero es necesario que los transportadores entiendan que el gobierno no puede ceder a sus aspiraciones si ello implica elevar el costo de la canasta familiar en un 10 por ciento, como han explicado el ministro de Hacienda y el Secretario General de la Presidencia. 

Cualquier solución que se acuerde exige que el gobierno estudie posteriormente la estructura existente y la reforme en un ambiente de concertación una vez se supere la situación actual. Los problemas actuales se deben a que estructuralmente está mal concebido el marco regulatorio que ni garantiza la libertad de competencia ni regula efectivamente, permite malos manejos y mantiene viva la intervención del gobierno en la fijación de tarifas. También hay que enfrentar con autoridad y severidad la utilización fraudulenta de los fondos que el gobierno ha destinado para la chatarrización. Esta ha sido el precio que se ha tenido que pagar para poder modernizar el transporte. Pero como ha sido manejada, beneficia más a los que hacen trampa y tienen circulando los vehículos después de haber cobrado para chatarrizarlos, Esto también ha sucedido en las ciudades con los buses de transporte público. (Colprensa)