La reciente decisión de Cerrejón, una de las principales empresas mineras del país, de reducir su producción anual de carbón en hasta 10 millones de toneladas no es una mera consecuencia del “mercado internacional”. Esa explicación, tan cómoda como superficial, le sirve al Gobierno para evadir su responsabilidad. La verdad es otra: estamos ante un saboteo sistemático del gobierno

Petro contra el sector minero-energético, materializado por el aumento de la carga tributaria y la falta de seguridad y control territorial.

Cerrejón es vital para Colombia. Su operación ha sostenido las finanzas públicas, programas sociales, estabilidad fiscal y miles de empleos en La Guajira. Hoy da trabajo a más de 12.000 personas, entre directos e indirectos, y en 2023 aportó más de 10 billones de pesos en impuestos y regalías, lo equivalente a la fallida reforma tributaria de 2024. El cierre parcial de su operación es una alerta. 

El mensaje es claro: el negocio ya no es sostenible. Pero lo que no se dice con la misma claridad es que buena parte de esa insostenibilidad es provocada por Petro. La estigmatización del sector extractivo, la hostilidad abierta del Gobierno y la ausencia de una política energética seria han creado un entorno de incertidumbre que espanta la inversión, debilita la operación y, con ello, golpea el empleo y los ingresos regionales.

La empresa no reduce su producción porque el carbón haya dejado de ser necesario. Debo ser enfático en que el carbón colombiano sigue siendo demandado en el mundo. De hecho, la Agencia Internacional de Energía proyecta que el consumo de carbón alcanzará 8.873 millones de toneladas para 2027. El problema no es el mercado, es el ambiente político que Petro ha creado: un país donde producir, crecer o aportar se volvió una carga, y no una apuesta de futuro.

Así pues, no es la lógica económica la que lleva a Cerrejón a recortar su operación. Es la lógica ideológica de Petro, que convirtió la transición energética en una cruzada contra la inversión privada. Mientras tanto, La Guajira no puede más. Lo grita su gente y lo reflejan sus indicadores sociales. El departamento sigue sin una alternativa real, sin empleo digno, sin infraestructura, sin soluciones. La narrativa oficial es que todo debe cambiar, pero nunca explican cómo. 

No es una transición lo que quieren, es una demolición controlada. No se trata de proteger el ambiente, sino de destruir el modelo económico que ha sostenido al país por décadas. Recordemos la absurda prohibición de exportación de carbón a Israel. En 2024 las exportaciones de este mineral cayeron un 50%, por un capricho ideológico de Petro

Para que se hagan una idea, solo en 2023 las exportaciones de carbón a ese país representaron el 5% del total de exportaciones de este mineral, lo que equivale a 450 millones de dólares. Esta cifra es equivalente a la totalidad de las exportaciones de Colombia al Reino Unido. Lo grave es que en esa cruzada, los afectados son los trabajadores, los empresarios y las comunidades.

Pero esta no será la última palabra. Colombia es más grande que este experimento fallido de poder. El sector productivo, especialmente el minero-energético, sabrá levantarse. A partir de 2026, el país volverá a tener un gobierno que entienda que desarrollo no es enemigo del ambiente, que inversión no es pecado, y que la verdadera transición se construye con reglas claras y amor por las regiones. 

Lo que este Gobierno apaga, Colombia lo volverá a encender. 

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