Que Iván Márquez, “Jesús Santrich”, “El Paisa” y otros miembros de las Farc anunciaran que vuelven a las armas, es la oficialización de lo que siempre se rumoró, un sector de esa organización que firmó los acuerdos de La Habana nunca renunció a la ilegalidad. Llegaron a los diálogos de paz como pescadores, buscando los beneficios del proceso sin tener la voluntad real de abandonar sus actividades ilícitas, menos de respetar los postulados de verdad, justicia, reparación y no repetición. Los incumplimientos por parte de los entonces desmovilizados comenzaron cuando fueron llamados a responder por los compromisos adquiridos, acogiéndose a la Jurisdicción Especial para la Paz. A pesar de las prerrogativas otorgadas en el capítulo de justicia, infringieron la obligación de presentarse ante la JEP. 

No obstante los problemas fiscales del país, el gobierno ha mantenido la intención de preservar los convenios suscritos por la anterior administración, por eso no es aceptable el argumento del retorno al conflicto por la “traición al acuerdo”. Es de recordar que aunque tenían una posición privilegiada, como en el caso de Santrich que se posesionó como congresista, cuando los llamaron a cumplir lo aprobado en Cuba huyeron al mejor estilo de los forajidos. 

Santrich, por ejemplo, abandonó el esquema de seguridad y desapareció el 30 de junio pasado cuando se sintió acorralado por las investigaciones penales, ante las pruebas que corroboraban que se había reunido con narcotraficantes mexicanos para orquestar el envío de un cargamento de cocaína a Norteamérica. Se fugó porque sabía que existían evidencias necesarias para condenarlo e incluso para autorizar su extradición a los Estados Unidos. 

La traición al proceso se ha dado por parte de aquellos reinsertados que quieren mantener una doble vida, por un lado arroparse con los beneficios otorgados por el Estado colombiano y por otro persistir en actividades de delincuencia como el narcotráfico y lavado de activos. 

Hay que destacar que unos tres mil exmilitantes de las Farc asumieron su responsabilidad y están trabajando en proyectos productivos haciendo aportes a la reconciliación. Algunos manifestaron la inconformidad con el pronunciamiento guerrerista de Márquez, llamando a las bases para que permanezcan en su voluntad de paz. 

Este es un nuevo frente que debe combatir la Fuerza Pública. Es hora de rodear a los policías y militares que tienen el deber constitucional de perseguir ese bloque de exintegrantes de las Farc dedicados a la ilegalidad. El tono amenazante de Iván Márquez no tiene otro objetivo que intimidar a los colombianos, pero carecen del poder para sostener un conflicto en el tiempo. Un levantamiento en armas que se escude en la lucha por las clases más desfavorecidas, requiere el apoyo de la comunidad para prevalecer. 

El anuncio de los desertores de la paz no dejó de sorprender, sin embargo es una especie de depuración para discernir entre los que se desmovilizaron para contribuir en la construcción de la sociedad y los que continúan en la criminalidad. 

Este movimiento no tiene cabida en el mundo del siglo XXI que abandonó, salvo algunas excepciones, las guerras intestinas como forma de superar las desigualdades. Aquí estamos frente a una organización de delincuencia que hay que perseguir, combatir y exterminar 

@WilsonRuizO