Con independencia de la responsabilidad de Nicolás Maduro por los delitos que se le imputan y por el ejercicio de un gobierno opresor, dictatorial y autoritario, cabe analizar, desde la perspectiva jurídica, la acción llevada a cabo por Estados Unidos en Caracas este tres de enero, cuando efectuó varios bombardeos y aprehendió a Maduro y a su esposa, llevándolos a juicio en Nueva York. Más que al gobernante, se atacó a Venezuela y su soberanía.

Según el representante de Rusia en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, “no se puede permitir que Estados Unidos se autoproclame juez supremo, con derecho exclusivo de invadir países, designar culpables, imponer y ejecutar castigos, ignorando conceptos de soberanía internacional”.

Por su parte, Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, manifestó en su mensaje al Consejo: “En situaciones tan confusas y complejas como la que enfrentamos actualmente, es importante apegarse a los principios. Respeto por la Carta de las Naciones Unidas (…) Respeto por los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados. Prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza. El poder de la ley debe prevalecer”.

Los Gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, en comunicación oficial conjunta, señalaron: “Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del Derecho Internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.

El Papa León XIV, en su primera homilía del año, subrayó la necesidad de “superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno”.

Marine Le Pen -dirigente francesa, no precisamente de izquierda-, quien considera que hay mil razones para condenar el régimen madurista, manifestó: “La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, de su poder o de su continente. Es inviolable y sagrada. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, o por cualquier Estado, sería aceptar nuestra propia esclavitud mañana”.

Lo propio cabe decir, desde nuestro punto de vista, en relación con las amenazas que, en declaraciones públicas improvisadas, ha proferido el presidente Donald Trump en el sentido de invadir militarmente y bombardear a Colombia para hacer con el presidente colombiano Gustavo Petro lo que se hizo con Maduro.

Una cosa es la oposición política y discrepar del actual gobierno -lo cual es legítimo- y otra muy distinta aceptar, estimular o pedir, por aversión al gobernante, que un Estado extranjero invada y bombardee territorio colombiano.
Digámoslo una vez más: para lograr objetivos de cualquier naturaleza, por deseables que sean, no todo es válido.

Específicamente, en lo que toca con las relaciones entre Estados soberanos, no es aceptable pasar por encima de los principios y reglas del Derecho Internacional, ni entregar la soberanía.

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