Siempre les enseñamos a los primíparos de la Universidad Libre y de mitad de carrera de la ESAP en la noción general de Derecho Internacional Público, que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad rectora del sector administrativo con la dirección que le marque el presidente de la República, para formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de la República de Colombia.
También les enseñamos que, en materia de jerarquía de las normas, por encima de la Constitución Política, prevalecen los tratados internacionales. Y esos tratados internacionales hay que honrarlos indiferentemente de la orientación ideológica de los gobiernos y la variopinta democracia.
En 2016, el señor presidente y su ministro de Relaciones, expidieron el Decreto 869 que, con el pretexto de modificar la estructura -lagartería- de la Cancillería, e introdujeron temas que nos conciernen aquí por razones de vecindad.
Nos concierne, por ejemplo, en las relaciones con Venezuela el artículo 3° numerales 12, participar en la formulación y en la ejecución de la política de comercio exterior y de integración comercial en todos sus aspectos, 13 Orientar y formular la política de cooperación internacional en sus diferentes modalidades y evaluar su ejecución y 18 Formular, orientar, ejecutar y evaluar la política exterior en materia de integración y desarrollo fronterizo en coordinación con las autoridades sectoriales del orden nacional y territorial, cuando sea del caso.
Tenemos en razón, que constituimos la línea y área fronteriza más activa de la nación, exigir a los candidatos a la presidencia de la república, que la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza se nos entregue designando a un competente y eficaz nortesantandereano como lo ordena el artículo 11 del mencionado decreto.
Así, estructurar y concertar, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y las entidades territoriales e instancias competentes, un plan de convergencia regional y cierre de brechas socioeconómicas en frontera. Además, promover a nivel nacional el diseño y la implementación de estrategias, que, de forma articulada con las autoridades regionales, fomenten la equidad social, la productividad y en general el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de frontera desde un enfoque diferencial, territorial, étnico y cultural.
Proponer y desarrollar acciones para integrar las regiones de frontera entre sí, con el centro del país y con los países vecinos. Diseñar e implementar, en coordinación con las autoridades de gobierno de países fronterizos, los procesos de integración regional transfronteriza. Son 17 acciones del Decreto 869 de 2016, que vale la pena desmenuzar y estudiar con los candidatos presidenciales y comprometerlos con un marco legal que ya existe y solo falta realizarlo.
Los amigos de Federico -Fico- Gutiérrez, debemos proponérselo y exigirle su comienzo. Adenda: Ah, y Cínera. Todos los amigos de los demás candidatos a la presidencia, deberían hacer lo mismo. ¿O no?
