Vemos hoy, en Estados Unidos, como el nuevo presidente Donald Trump a punta de decisiones u órdenes ejecutivas deshace muchas de las políticas que implementó Barak Obama. Obama dejó como legado, ante la incapacidad de lograr consensos con el Congreso, gobernar a través de estas órdenes ejecutivas. 

Algo similar va a pasar en el próximo gobierno en Colombia frente a innumerables políticas ligadas a los temas de paz. Hay varias razones que asemejan lo de Colombia con lo que sucede en Estados Unidos. Primero, los temas de justicia, impunidad y elegibilidad no fueron consensuados con la sociedad a pesar del mensaje claro y contundente de los colombianos el pasado 2 de octubre.

Segundo, tanto los estos temas anteriormente mencionados y muchos otros de un  proceso de paz que dividió al país ni siquiera han sido discutidos en los escenarios institucionales que la democracia prevé. La Justicia, la Corte Constitucional en particular, le abrió un boquete a la democracia al acceder al mecanismo de fast-track para aprobar leyes que convirtió -como en Venezuela- al Congreso en un notario público del Ejecutivo.

Tercero, la cooptación tanto del poder Legislativo como del Judicial por parte del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos acabó con el equilibrio de poderes fuente fundamental de la generación de consensos mínimos frente a cambios en políticas tan importantes como el período presidencial, la financiación de campañas o el modelo electoral, entre otros.

Hoy, una aplanadora poco democrática destruye institucionalmente a Colombia y abre una caja de pandora difícil de cerrar. Próximos gobiernos podrán utilizar el mismo mecanismo para cambiar el modelo económico e imponer su voluntad a un pueblo que, como está claro en Colombia, tiene serios reparos a la implementación de la política de paz y ve perplejo lo que sucede.

Pero dicho esto también hay mucho para reversar. Y sin duda este proceso de paz que ha dividido al pueblo colombiano no habrá visto su último empujón legislativo cuando acabe el Gobierno de Santos. En derecho las cosas se deshacen tal y como se hacen y seguramente el siguiente gobierno deshará muchos de los abusos que se han presentado en la implementación de un acuerdo francamente desfavorable para la sociedad colombiana.

Un primer tema sin duda es el de llevar el acuerdo a nivel constitucional y amarrar tres gobiernos con unas políticas por las que los nuevos gobernantes y los ciudadanos que los eligen no votaron. Es antidemocrático, por eso hay elecciones cada cuatro años, y si quien llega al gobierno está en desacuerdo podrá con toda justicia y legalidad reversar este abuso.

Un segundo tema es el de los compromisos fiscales que ante la gravísima situación que deja el actual gobierno podrá revisar para acomodar sus programas al marco fiscal existente. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que el próximo año esos compromisos son de 4 billones de pesos. Es injusto e inaceptable que mientras recortan Familias en Acción y otros programas sociales, a las Farc y a sus regiones de influencia les irriguen ese dineral.

Un tercer compromiso es de las curules especiales que se crean en la Cámara. No hay derecho que se legisle de esa manera a costa de otras regiones donde no se logra esa supuesta apertura democrática.

Estos son apenas unos ejemplos de lo revisable. Hay otros temas de igual importancia. Pero la verdad  es que el proceso de paz y el presidente Juan Manuel Santos destruyeron la institucionalidad democrática que era una de las fortalezas de Colombia.

Recomponer el orden institucional por los mecanismos ordinarios no va a ser fácil. Los abusos, la inseguridad jurídica y el deterioro institucional son de tal magnitud que es difícil ver el camino para ajustar las instituciones.

Por eso no es de extrañarse que en la campaña que se avecina el tema de una Constituyente sea uno de los temas centrales. De esa manera la política de paz de Juan Manuel Santos y sus consecuencias pueden ser avaladas y legitimadas, o no, por el pueblo. Y de paso se pueden solucionar las crisis fundamentales que hoy hay en la Justicia, el Congreso y en el sistema político.

Quizás de este proceso de paz que dividió a Colombia salga algo bueno, una nueva Constitución que todo el país acepta. No sería mala cosa.