Durante largos meses, periodistas, columnistas y noticieros que simpatizan con el Gobierno Nacional metieron en un mismo costal las campañas presidenciales de los candidatos Santos y Zuluaga del 2014, para divulgar a los cuatro vientos que ambas habían recibido indebidamente dineros de la firma Odebrech
Todo el esfuerzo mediático fue para igualar por lo bajo la conducta de los dos políticos sobre la financiación de sus campañas y, de esa manera, grabar en la mente de los colombianos que el proceder de ellos fue igual. Todo para concluir que, como hicieron lo mismo, la culpa se comparte y se diluye.
Pero, cuando la ponencia del magistrado Carlos Camargo del Consejo Nacional Electoral definió que no hubo financiación ilegal de la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga, un misterioso silencio invadió a los medios de comunicación. Y después, cuando el Consejo Electoral ordenó el archivo del proceso por no encontrar pruebas en contra de esa campaña, ya no se pudo seguir divulgando que se había violado la ley. Ahora no se sabe que otras noticias aparecerán.
Se demuestra una vez más que el doctor Zuluaga ha sido víctima de la más perversa operación mancomunada de desprestigio para obstaculizar su triunfo electoral en representación del Centro Democrático.
Recordemos que el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga derrotó en primera vuelta al presidente Santos en las elecciones del 2014, pero cuando se iba a surtir la segunda apareció el montaje que hizo la Fiscalía General del señor Montealegre para implicarlo con el hacker Sepúlveda en una acción de espionaje contra el proceso de paz. Después de tres años de investigaciones el proceso también fue archivado. ¡Tampoco había nada!
Por lo que se ha informado en las últimas semanas, existe una tenebrosa banda integrada por magistrados y fiscales que utiliza sus investiduras para obtener pingües ganancias y prevaricar en favor de unos y en contra de otros. Se le bautizó como el Cartel de la Toga asimilándola a las peores pandillas de delincuentes.
Aquí nos encontramos con una de las depravaciones más peligrosas del Estado porque echa por tierra la credibilidad en sus instituciones más sagradas. Se ha dicho repetidas veces que sin cumplida justicia no hay paz porque el ciudadano no encuentra a dónde acudir confiadamente para dirimir sus controversias, y la sociedad se va contagiando de inconformidad y violencia.
Pero si se utiliza la administración de justicia como un arma siniestra para ganar elecciones, se pervierte de tal manera el sistema político que puede conducir a una sublevación incontrolable. Veamos lo que está pasando en la pobre Venezuela.
Nos acercamos a las elecciones generales que se surtirán el año entrante, y el ambiente cada día se enrarece, tanto más con la controversia que ha suscitado la participación en política de las FARC rodeada de dudas jurídicas y morales. Ojalá impere la sensatez en el pueblo colombiano para escoger a sus gobernantes, y quienes actualmente ejercen el poder no intenten quebrantar la voluntad de los electores.
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