Los asuntos que ponen en riesgo la salud de la niñez colombiana son en últimas definidos por quienes tienen un claro fin de lucro, quienes han publicitado sus productos como ideales para niños cuando en realidad tienen exceso de todo lo dañino.
Los mismos que incumplen sus propios pactos de autorregulación; pactos que se inventan para bloquear alguna iniciativa que consideren podría poner en riesgo una mínima parte de sus utilidades. Quienes nos brindan información, que contrario a ayudarnos a tomar decisiones saludables, nos confunde.
¿Cuál es el permiso que le pide la salud a los intereses económicos? Nos referimos a una obligación que se impuso hace menos de un año, consistente en que los reglamentos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social sean revisados y aprobados por una instancia denominada la Comisión Intersectorial de Regulación Técnica (CIRT).
Esta Comisión está conformada por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Superintendente de Industria y Comercio, el Director del Departamento Nacional de Planeación y el Alto Consejero Presidencial para el Sector Privado y la Competitividad, la cual tiene como finalidad primordial asegurar que los reglamentos promuevan el desarrollo económico y la competitividad.
El reglamento no previó excepciones y en consecuencia subordinó el cumplimiento de los objetivos de salud pública a la conveniencia económica, determinada por un grupo de funcionarios cuya responsabilidad no es la salud de los colombianos.
Esto implicaría que un etiquetado frontal de advertencia, como el que promueve Red PaPaz a través de #NoComasMásMentiras para proteger el derecho a la salud de la población en general y, especialmente, la de nuestros hijos, debe someterse al análisis y recomendaciones de la CIRT.
Nada que sea más contrario a la Constitución de 1991, la cual concedió una protección especial a los derechos de los consumidores (art.78) y consagró la prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes (art.44), que el establecimiento de mecanismos soterrados para que los industriales de bebidas azucaradas, comida chatarra y sus aliados del Gobierno decidan cómo etiquetar estos productos.
Aun en tratados internacionales comerciales y en las normas de la Organización Mundial del Comercio se prevé, como excepción general, que ninguna disposición de dichos tratados puede impedir que Colombia aplique o adopte las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de las personas.
Una industria que durante décadas lleva haciéndole creer al público que sus bebidas son “jugos de pura fruta” o “ideales para la lonchera” cuando en realidad tienen bajo aporte nutricional y altos contenidos calóricos, no puede ser la que ahora termine decidiendo sobre la salud de nuestros hijos. Es momento de impedir que el lobo siga cuidando de las ovejas.
Lo invitamos a que hagamos oír nuestra voz, uniéndose a la movilización #TenemosDerechoALaInformación #NoComaMásMentiras para exigir los sellos frontales que adviertan si un producto ultraprocesado es alto en azúcar, sodio o grasas saturadas en www.nocomasmasmentiras.org.
Directora Ejecutiva de Red PaPaz
