Uno de los mecanismos con los que contaba el Estado Colombiano para disponer de dineros para cumplir los compromisos pactados en el acuerdo de paz, gira alrededor de una reforma tributaria que le permita conseguir los dineros necesarios para dar cumplimiento a lo pactado.

Pese a la victoria del no, ello no significa que no se pueda finiquitar este proceso, pues, ya se están adelantando las conversaciones en busca de ese objetivo, por ello, se propone y presenta la mencionada reforma que genera múltiples discusiones de orden legal, político, como otros factores que comienzan una labor en contravía a la misma, por múltiples razones.   

No se puede desconocer que el caldeado ambiente generado por el plebiscito a que se sometió ese acuerdo de  paz, va influir en la polémica que conlleva el aumento de los impuestos a los contribuyentes, de manera especial a los asalariados.

Hay varios puntos que causan manifiesto escozor a la ciudadanía, como es el incremento del número de declarantes de renta, que, se traduce en obligar a personas de sueldos bajos, a presentarla, mientras según manifestaciones de senadores como Jorge Robledo y Claudia López, las trasnacionales se verán beneficiadas al reducírseles impuestos y darles mayores beneficios por la presunta viabilidad de poder generar nuevos cargos o empleos.    

Uno de los puntos elementales que generará mayor encarecimiento del costo de vida, es el llamado impuesto verde a la gasolina, que incide forzosamente en el aumento de todos los precios, suben los fletes, sube el valor de la tanqueada de un vehículo, subirá el trasporte, etc, todo esto es un círculo vicioso, resultando finalmente pagando esas alzas desmedidas el consumidor.

Se dispone efectuar retención en la fuente a los asalariados de menores ingresos, que en buen romance, se traduce en pérdida de capacidad adquisitiva, para quienes devenguen $2.700.000 pesos mensuales, con lo que van entrando ingresos al Estado, pero, en detrimento del trabajador que medio subsiste con ese salario.

Los impuestos a las gaseosas, $300 pesos por litro, perjudicarán a muchas personas de escasos recursos, que al mediodía comen un pan con gaseosa, pues no tienen capacidad para comprar una bandeja económica. Ciertamente las bebidas azucaradas no son saludables, factor cultural, pero, no es justo que se grave un líquido tan preciado en tierra caliente, que contribuye a amainar esa sed producto del sol canicular que aumenta cada año más.    

Los cigarrillos también recibirán fuerte impuesto, mientras los licores que son un cáncer para el país no sufren esta escalada alcista. Dos mil cien pesos para cajetilla, pobres fumadores o los padres de los muchachos que lo hacen que deberán asumir ese alto costo.  

Aumentar el Iva al 19 %, significa menor capacidad adquisitiva, como harán los que solo perciben un salario mínimo, personas que por regla general carecen de vivienda propia, pagar servicios, transporte, comida, vestuario, en fin, el costo de vida se disparará más, en claro desmedro del trabajador colombiano raso.

Persiste el 4 x 1000, es decir, sigue el sacrificio de los trabajadores comunes que reciben su sueldo en entidades bancarias.

En síntesis, se grava más al pueblo, mientras la corrupción campea, la mermelada como lo manifiestan algunos congresistas con alto valor civil, seguirá imperando en este país, dineros que la mayoría se esfumarán en los trámites burocráticos y coimas características de las contrataciones estatales.   

Y el aumento salarial del próximo año, no alcanzará a cobijar esa ola alcista, repercutiendo en un mayor empobrecimiento de la clase baja y media, mientras se benefician los de los sectores altos.  

En el año 2006 el 6 de agosto, escribía en este diario, sobre la bomba pensional, que, tenía un pasivo cercano a los 8 billones y hoy pasa de los 48 billones, todo ello, en perjuicio claro de la clase más desprotegida del país, punto que se llevará parte del dinero recaudado por el alza tributaria.