En los años 70, era común escuchar el argumento de que ya no se necesitaba la reforma agraria porque la población en Colombia se estaba urbanizando muy rápidamente, en parte por la demanda de trabajo no calificado que había creado en las ciudades el auge de la construcción inducido por el desarrollo de las UPAC. En todo caso, el gobierno de López Michelsen, que también creía que no se necesitaba una reforma agraria, emprendió un ambicioso programa de desarrollo rural integrado. Si estas políticas hubieran continuado y se hubiera ejecutado el programa en los gobiernos que lo sucedieron posiblemente no estaríamos discutiendo esto mismo cuarenta años después. Reviven este argumento de la urbanización, que hoy es mucho mayor (74%), los que no quieren que se haga una reforma rural integrada. También sugieren que como otros países muestran la misma tendencia a urbanizarse, no es cierto que la última etapa de violencia ha desplazado cerca de ocho millones de personas, muchas de ellas refugiadas en las ciudades. Esto 
es añadirle insulto al ultraje y no entender que esa urbanización es un problema, no la solución. 

Aunque no tuviera consecuencias económicas positivas, el país está en mora de resarcir a la población rural por el daño causado. La propuesta que contiene el primer punto del acuerdo de paz tiene esa intención y va a tener efectos económicos muy positivos porque va a dotar a los productores pequeños de mayor acceso a los medios de producción. Ellos ya producen casi el 50 por ciento de los alimentos que consume el país y su producción podrá aumentar considerablemente, en beneficio de la urbanización. 

También se va a reducir el número de desplazados a las ciudades, que todavía supera doscientas mil personas por año. A diferencia de esos otros países que se citan como ejemplos de urbanización, en Colombia no migran a las ciudades los campesinos atraídos por una demanda de trabajo en sectores más productivos. Vienen a engrosar los millones de desocupados que generan trabajo informal improductivo. 

Es claro que la reforma propuesta no es suficiente para desarrollar todo el potencial del campo colombiano. Se deben ejecutar políticas que induzcan mayor inversión privada y producción en la agricultura comercial. Pero el país no puede quedarse indefinidamente discutiendo que hacer con la tierra. Tiene que desarrollar la industria, la tecnología y los servicios de alta productividad que son los que van a justificar la urbanización y a hacer crecer vigorosamente la productividad. Es necesario inducir cambios significativos en la estructura de producción y empleo, ojalá con el florecimiento de nuevas empresas de alta productividad. Para legrarlo lo que va a ser crucial es proveer una educación de muy alta calidad con acceso universal al conocimiento y a la información. Esto debe incluir también la generalización de nuevas herramientas de transmisión de conocimiento técnico y la formación en matemáticas, ciencias e ingeniería. Buena parte del material educativo necesario ya está disponible en internet y provee 
el atajo de bajo costo que se necesita para elevar el nivel educativo y tecnológico en relativo poco tiempo.