A uno, como observador y columnista, le satisface que sus análisis tengan acogida. Por ejemplo, el doctor Manuel Guillermo Cabrera, prestigioso abogado y empresario, concuerda con mi denuncia de la completa ausencia de valores morales en el gabinete de Gustavo Petro e intelectuales destacados como Luis Eduardo Páez García, presidente de la Academia de Historia de Ocaña, y Juan Manuel Ramírez Pérez, exalcalde de Cúcuta, exdiplomático y escritor, también se identifican conmigo en que la “región del Catatumbo” es una ficción, no existe sino como cálculo político.
Y satisface ver que algunas cosas que uno advierte se cumplen cabalmente. En efecto, he precisado en columnas anteriores que hay personas que no están capacitadas para un cargo, pero lo desean ardientemente, se mueren por el honor nada más, sin asumir el compromiso, porque, repito, no les importa estar o no preparados. Es el caso del actual alcalde de Cúcuta.
Irresponsable, fue lo menos que le dijeron todos los periodistas de un noticiero radial nacional al comentar que dejó a Cúcuta incendiada y se fue al concierto de Shakira en Barranquilla. De ahí que nadie le crea sus slogans de “Cúcuta, ciudad destino”, “Cúcuta, ciudad segura”, “Cúcuta, la de las calles pavimentadas”, y mil etcéteras de proclamas populistas.
También he subrayado sobre la falta de inteligencia militar, policiva y judicial para anticipar o prevenir los delitos en el departamento y en su capital. En estos días veo que por fin el gobernador reconoció tal anomalía. Y aquí vale resaltar la valentía del doctor Luis Fernando Niño López, Alto consejero para la paz y la reconciliación de Norte de Santander, quien ha evidenciado la inutilidad de las medidas adoptadas para la mal llamada región del Catatumbo, cuyo baño de sangre continúa.
En octubre de 2024 hubo seis homicidios perpetrados por guerrilleros en La Playa y Ábrego. Ante esas masacres el señor obispo de Ocaña, monseñor Orlando Olave, dijo: “Es necesario estrechar lazos de fraternidad entre los pueblos y buscar caminos de convivencia pacífica”. Declaraciones como estas, buenistas, dan tristeza y decepción. Obsérvese que el jerarca no habló de violación de la ley, ni condenó a los asesinos, ni pidió los castigos pertinentes.
El 8 de noviembre del mismo año, en el caserío de La Sanjuana, municipio de Bucarasica, dos guerrilleros que iban a bordo de una moto, porque no detuvo su camioneta dispararon contra el joven y brillante médico cirujano Julián Quintero, adscrito al hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña. Nadie protestó ni reclamó que la ley recayera sobre los criminales.
Al contrario, se produjo esta declaración del buenismo en boga, de la Asociación nacional de enfermeros certificados (Andec) en la voz de su presidente Julio Lizcano: “El llamado a las partes en conflicto es que se llegue a un entendimiento y se deje por fuera del conflicto a la misión médica pero también a la población civil” (La Opinión, 15 de noviembre de 2024).
No reconocen que hubo un asesinato; por tanto, que reine la impunidad. Ni el doctor Quintero tenía conflicto alguno como para buscar un entendimiento, ni era parte de bandas enfrentadas, ni la misión médica pelea con nadie. ¿De qué lado están?
orlandoclavijotorrado@yahoo.es
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