Hay principios que no admiten matices, y uno de ellos es la idoneidad de quien pretende ejercer un cargo público. No se trata de un ideal romántico ni de una exigencia exagerada: es la base mínima sobre la cual descansa la confianza de una sociedad. Sin ese estándar, el Estado dejo de ser garante y se convirtió en riesgo.

En Colombia, últimamente, hemos venido normalizando lo inaceptable. La sola postulación de Daniel Quintero para un cargo como la Superintendencia de Salud no es un hecho menor ni anecdótico. Es, en esencia, una señal de lo que hoy se tolera en la administración de lo público: que los antecedentes, los cuestionamientos y las dudas sobre la gestión no constituyen un impedimento, sino apenas un detalle superable en el camino al poder.

Y eso tiene consecuencias económicas profundas, aunque a veces se quiera reducir el debate a lo político. La confianza institucional es uno de los activos más importantes de cualquier país. Sin ella, la inversión se retrae, los mercados desconfían y las decisiones económicas se vuelven más costosas e inciertas. Un funcionario público no solo administra recursos; administra expectativas, estabilidad y credibilidad.

Cuando se debilita ese estándar de idoneidad, el mensaje es devastador: no importa la trayectoria, no importa la integridad, no importa la capacidad técnica. Basta con tener respaldo político. Y en ese punto, el Estado deja de ser una estructura de mérito para convertirse en un botín, que se reparte de manera inequitativa y peor aún al margen del código penal.

Más grave aún es el contexto en el que se da esta discusión. Colombia enfrenta retos estructurales en su sistema de salud, con problemas de sostenibilidad, cobertura y eficiencia. Pretender que una entidad tan crítica sea liderada por alguien rodeado de controversias no es solo una mala decisión: es una irresponsabilidad que puede traducirse en costos reales para millones de ciudadanos.

No es casualidad que las economías más sólidas del mundo coincidan en un punto: la calidad de sus instituciones. Y esa calidad depende, en gran medida, de las personas que las dirigen. Un país no se construye únicamente con políticas públicas, sino con la solvencia moral y técnica de quienes las ejecutan.

El problema de fondo no es un nombre propio, aunque los ejemplos sobran. Es la peligrosa idea de que lo público puede ser administrado por cualquiera. Que la experiencia es prescindible. Que la ética es negociable. Que la reputación es secundaria. Esa lógica es la antesala del deterioro institucional, que solucionen sus procesos, que limpien su hoja de vida y aclaren, porque nos son pocos los procesos que se han abierto por las entidades de control, una cosa es el principio de inocencia y otra pecar por inocente.

Hoy vemos un país que se desangra en múltiples frentes: inseguridad, incertidumbre económica, desconfianza empresarial. Y aunque resulta cómodo atribuirlo a factores externos o coyunturales, la realidad es más incómoda: gran parte de ese deterioro responde a decisiones internas, a nombramientos desacertados, a la falta de rigor en la selección de quienes manejan el poder sin la razón.

La comparación regional tampoco es gratuita. Lo que ocurre con países como Ecuador no es ajeno a esta discusión. La imagen que estamos proyectando está afectando a Ipiales, tanto o más que a Cúcuta le afecto la ruptura con Venezuela, y en este caso ha sido por diferencias no de ideología, son diferencias de administración y la respuesta de los encargados en nuestro país ha sido pésima.

Un funcionario público debe ser, ante todo, una persona sin tacha. No por perfección, sino por responsabilidad. Porque administra recursos que no le pertenecen, sino que provienen del esfuerzo de millones de contribuyentes. Porque cada decisión que toma tiene impacto directo en la vida de otros.

Elegir mal no es un error menor. Es una decisión que se paga en crecimiento perdido, en oportunidades desperdiciadas y en confianza erosionada.

Como sociedad, debemos recuperar la exigencia. Dejar de normalizar lo cuestionable. Entender que los gobernantes no son figuras decorativas ni cuotas políticas, sino administradores de confianza. Y que esa confianza, una vez perdida, es mucho más difícil de reconstruir que de destruir.

En una etapa que algunos han llamado, con razón, una nueva “patria boba”, el verdadero cambio no pasa por discursos, sino por decisiones. Por volver a poner el mérito, la integridad y la capacidad en el centro de lo público.

Porque al final, el reflejo de un país siempre serán sus gobernantes. Y hoy, ese reflejo debería preocuparnos. ¿Usted cree que esos funcionarios que ostentan hoy los cargos más altos de la administración serian contratados o se mantendrían en una empresa privada?

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