El nuevo fiscal general de la nación tendrá una tarea compleja para modernizar la institución y hacerla más eficiente frente a las necesidades de justicia. Se requieren procesos con investigaciones sólidas para que sean impulsados en los juzgados. 

El primer y gran reto que enfrenta la terna enviada por el presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia, es la elección en una Corporación que cuenta en este momento con solo 16 de los 23 magistrados que componen la Sala Plena, por la ausencia de siete de sus integrantes. Se torna un poco difícil más no imposible porque la decisión para designar fiscal general debe tener mayoría calificada, es decir 16 votos, y todos sabemos que no es fácil lograr unanimidad en la Corte. 

La elección deberá recaer en uno de los ternados, Clara María González, Camilo Gómez Alzate y Francisco Barbosa Delgado, son excelente juristas con altas calidades académicas y profesionales, no son especialistas en derecho penal, sin embargo en la presentación se pudo notar el manejo y conocimiento de la fiscalía en especial por parte de Barbosa. 

Son muchas las objeciones hechas a la Fiscalía, dirigidas por sus propios funcionarios, jueces y ciudadanos. Hay un déficit de personal para atender los miles de casos que llegan a sus despachos, pero además la distribución de los cargos y del presupuesto no ha sido el más eficiente. En la entidad se quejan porque existen cargos administrativos que son innecesarios, al tiempo que faltan más fiscales que atiendan las necesidades de los usuarios. Son contratados ciertos profesionales que no conocen la dinámica de la institución y menos el sistema penal acusatorio, primordial para dar celeridad a los trámites y no permitir que los términos transcurran en dilaciones. 

En promedio los fiscales tienen entre 2.000 y 3.000 procesos y no hay investigadores, esas funciones las cumplen miembros de la Seccional de Investigación Judicial, SIJIN. Un policía tiene que atender las solicitudes de varios fiscales y cada uno emite al menos 30 órdenes al mes, allí se genera un cuello de botella porque es imposible que solo un funcionario resuelva ese número de peticiones. Los integrantes de la Policía Judicial no son profesionales, se requieren personas con conocimientos en procedimiento penal y en los casos radicados por los usuarios. 

El apoyo a las investigaciones corresponde al CTI, sin embargo este cuerpo técnico solo alcanza a prestar servicios en determinados asuntos especiales, por órdenes emanadas desde el bunker en Bogotá. En las fiscalías seccionales y locales, que tienen la mayor carga laboral, no conocen a los investigadores del CTI, haciendo más compleja la tarea de impulsar las denuncias presentadas por las víctimas de los delincuentes. Las causas que se vuelven prioritarias son aquellas que se destacan por tener una connotación especial para la opinión pública o medios de comunicación, pero el grueso de las denuncias y querellas instauradas por el ciudadano del común quedan archivadas en carpetas, lo que contribuye a la impunidad. 

Ese es el principal desafío que tendrá el nuevo fiscal general, atender de manera oportuna las solicitudes de los ciudadanos para que tengan mayor confianza en la Fiscalía. Ni hablar de la lucha anticorrupción, el ente acusador es fundamental para combatir a quienes se apropian de los recursos públicos, para ello debe articular su trabajo con otras entidades estatales. 

@WilsonRuizO