En España, las elecciones autonómicas del pasado domingo 28 de mayo fueron un verdadero desastre, tanto para el PSOE, en el poder, como para Pedro Sánchez, su líder y en la actualidad el presidente del Gobierno. Indudable triunfo del Partido Popular en varias comunidades, a nivel regional y municipal; avance del partido VOX, de extrema derecha; mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y de José Luis Martínez Almeida como alcalde de Madrid -ambos del PP-; y pérdida de alcaldías y ayuntamientos que estaban en manos del PSOE. En síntesis, a los socialistas les fue muy mal en esos comicios.
Como consecuencia de la debacle, Sánchez resolvió reconocer la derrota, disolver las Cortes -que allá son las cámaras legislativas- y adelantar las elecciones generales para el 23 de julio. Según sus palabras, a estas alturas, y ante los negativos resultados, lo aconsejable es “una clarificación sobre la voluntad de los españoles y de las españolas; una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el Gobierno de la Nación, y una clarificación sobre las fuerzas políticas que deben liderar esta fase”. Agrega, entonces, una conclusión lógica: “Solo hay un método infalible para solventar estas dudas. Ese método es la democracia. Y por consiguiente creo que lo mejor es que los españoles y las españolas tomen la palabra y se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país".
No se sabe si será candidato, pero es claro que, pese a la derrota, Sánchez confía en que recobrará la ventaja electoral. Veremos cómo se desarrollará esta nueva campaña y si lo ya ocurrido se repetirá o se revertirá en las elecciones del 23 de julio.
Habiendo observado los recientes debates públicos, incluidas las solicitudes de censura presentadas, se puede concluir con facilidad que, en buena parte, los aludidos resultados electorales reflejan un gran descontento de los españoles por las leyes aprobadas en estos meses y por los daños que han causado, particularmente en los procesos judiciales y en el plano familiar. Normas como la cuestionada ley del “sólo sí es sí” -mal y tardíamente reformada- desgastaron enormemente la credibilidad del Gobierno, y particularmente la del Ministerio de la Igualdad. Esa disposición dio lugar a que, aplicando el principio de favorabilidad, los jueces no tuvieran otro remedio que dejar en libertad o disminuir las penas a numerosos condenados por acoso y violencia sexual. Después se aprobó la llamada “Ley trans”, según la cual, cualquiera -inclusive un menor- puede cambiar de sexo cuando le provoque. Y altas funcionarias, en exagerado y equívoco “feminismo”, resolvieron predicar que todo hombre español, por el hecho de serlo, era violador, desconociendo el principio constitucional de la presunción de inocencia.
Además, en inexplicable injerencia del Estado en el interior de las familias, se desconoció el derecho de los padres a la formación de sus hijos, con arreglo a sus valores y principios, y se dispuso la enseñanza prematura del sexo a los niños.
La desconfianza y el temor por estas y otras políticas oficiales, unidas a la notoria incapacidad de algunos ministros y dirigentes, precipitaron el voto en contra del PSOE.
