Aunque todos los candidatos presidenciales ofrecen erradicar la corrupción, no presentan ideas concretas o planes realizables, ni siquiera diagnósticos precisos para emprender las acciones que requiere la solución de este flagelo que ha invadido a Colombia.
Sobra repetir que la conducta del ciudadano es la que orienta el camino de su buen comportamiento en las actividades públicas y privadas. No obstante, hay factores externos que estimulan la corrupción. Sobre ellos voy a hacer algunas apreciaciones.
Uno de los defectos de nuestro sistema de derecho es la expedición apresurada de leyes para tratar de resolver los problemas del Estado sin un examen juicioso de sus efectos en el tiempo. Con mucha frecuencia, se aprueban normas para dar soluciones inmediatas a dificultades coyunturales que, a la larga, se convierten en fuentes de corrupción.
En primer lugar, me refiero a la circunscripción nacional del Senado de la República. Antes de la Constitución de 1991, los senadores eran elegidos solamente por los ciudadanos de cada departamento en el número de curules que resultaba del número de sus habitantes. Así, las campañas para la elección estaban circunscritas a su región, y su función, igualmente, se condicionaba a su jurisdicción.
Existía el reclamo de algunos grupos étnicos, religiosos o raizales que no tenían la posibilidad de elegir senadores porque sus integrantes estaban dispersos por el país, y requerían un sistema electoral que les permitiera ser representados en el Congreso.
Por tanto, se propuso crear unas curules de circunscripción nacional que les permitiera votar por candidatos en todo el territorio. Pero, con un criterio populista, la Constituyente aprobó la circunscripción nacional para todo el Senado, generando una grave distorsión de la representación popular y convirtiendo las campañas por las curules senatoriales en una competencia costosísima, de miles de millones de pesos, que facilita el ingreso de dineros de cualquier origen y la obvia necesidad de recuperarlos mediante mecanismos ilegales.
Igualmente, la elección de gobernadores departamentales creó otro factor que alienta la corrupción, porque para lograr ese cargo hay que hacer costosísimas campañas, y el presupuesto oficial se convirtió en un botín que se disputan candidatos del más variopinto origen. Antes de la constitución del 91 los gobernadores eran nombrados por el Presidente de la República como agentes suyos, y su función era de coordinación entre los alcaldes y de delegación de algunas funciones gubernamentales.
Otra normativa que origina corruptela y propicia la violencia es la que facilitó a las Farc la entrega parcial de sus armas, el incumplimiento de la obligación de informar las rutas del narcotráfico y la coexistencia de un grupo armado delinquiendo con otro haciendo política.
En el sector judicial, por otra parte, la providencia de la Corte Constitucional que despenaliza la dosis personal de los estupefacientes, -como se advirtió en su momento-, convirtió a Colombia en un atractivo mercado del narcotráfico con toda su carga de violencia y corrupción que la policía ya es incapaz de controlar.
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