Todos hemos sido críticos de la Administración de Justicia, los que hicimos parte de sus instituciones, los usuarios y las personas ajenas a los estrados judiciales reclamamos mucho más de quienes están llamados a impartir justicia y salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

Advertimos sobre las falencias que tiene la justicia en Colombia y en especial, la jurisdicción penal, por falta de una verdadera política criminal. Esas posiciones críticas son totalmente válidas para quienes guardamos la esperanza de tener un sistema legal acorde a las necesidades del país y a una sociedad tan conflictiva como la nuestra.

Las justas exigencias para que haya transparencia en las actuaciones de la Rama Judicial tienen una distancia abismal con las circunstancias que rodearon el atentado del cual fue víctima el Juez Coordinador del Centro de Servicios del Complejo de Paloquemao, Gabriel Lara Garzón y en el que resultó herido el ingeniero Julián López, quien trabaja para esa dependencia, hecho que merece no solo el repudio de los colombianos, también el apoyo para rodear a los servidores judiciales y demandar respeto por su independencia y protección a su integridad.

Son motivo de investigación las causas de este ataque, en el que un presunto sicario salió al paso del juez cuando estaba en actividades de descanso y luego de disparar en varias oportunidades huyó con un cómplice en una motocicleta. Inicialmente se descarta un atraco porque de acuerdo con el testimonio del propio Lara Garzón el sicario se dirigió a él: “esto es con usted sapo h.p.”, lo que lleva a pensar que el atentado está relacionado con sus labores, mucho más si tenemos en cuenta sus funciones como juez coordinador.

Más allá de las especulaciones, carentes de pruebas reales, que relacionan este ataque con un reciente caso, que fue vergonzoso para la justicia por el montaje que se hizo con un falso fiscal para la liberación del líder camionero Pedro Aguilar, el juez Lara tiene varias funciones que son importantes dentro del procedimiento penal, una de ellas, que es duramente criticada, el reparto de procesos, que puede ser la clave para hallar los responsables de este repudiable hecho.

En Colombia vivimos muchos episodios violentos, uno tras otro, pero tal vez los más graves son aquellos que atentan contra quienes se encargan de impartir justicia, porque tienen como objetivo arrodillar al funcionario judicial, infundir temor para que este servicio esencial no se ofrezca con la independencia que hace parte del deber ser de la Rama.

El atentado al Juez Lara no puede pasar desapercibido, no podemos regresar a tiempos en los que el país estaba sometido por organizaciones al margen de la ley. Los servidores judiciales se sienten indefensos y tienen temor de ser vulnerables a esos ataques, por eso a pesar de las imperfecciones que pueda tener el sistema judicial, estas deben solucionarse dentro del marco de la legalidad. Hay que cerrar las puertas a cualquier manifestación de violencia que atente contra las instituciones y la democracia.

@WilsonRuizO