Al conflicto armado colombiano propiamente dicho, que tiene más de medio siglo sin interrupción, con guerrillas combatientes, se han agregado otros grupos generadores de violencia de diversas formas, extendidos por el territorio nacional. Unos y otros actúan con beligerancia criminal, mediante el homicidio, el paro armado, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, el reclutamiento de menores, el ultraje sexual, la desaparición, la incineración de víctimas, la amenaza sistemática y el hostigamiento recurrente a las comunidades vulnerables y los atentados a instalaciones productivas y a vehículos de transporte. Todas las atrocidades posibles, a sangre y fuego, destinadas a buscar el sometimiento, imponer el miedo y aplicar la soga de la intimidación.
Todo ese entramado es una especie de insumo de la inseguridad, cuyo efecto es el ambiente generalizado de perturbación, ante lo cual le corresponde al gobierno actuar para proteger la vida y los bienes de todos los colombinos, como está consagrado en la Constitución.
Ese deber, que hace parte de los fines del Estado impone la aplicación de políticas que tengan impacto positivo sobre el resquebrajamiento del orden público. De allí que la paz sea una necesidad prioritaria, a la cual no se le pueden hacer esguinces. No caben en este tratamiento pañitos de agua tibia ni frágiles paliativos. La magnitud del mal que se padece exige contundencia o acciones a la medida de las tropelías consumadas.
Se requiere, sin más pérdida de tiempo, la construcción de una paz que garantice no solamente el desarme y la desmovilización de los combatientes agrupados en guerrillas, paramilitarismo y otras organizaciones criminales, sino que surta las soluciones requeridas para sanear las condiciones de vida de los colombinos.
Las negociaciones de paz que se están adelantando deben fortalecerse con la participación militante de la sociedad civil. Pero esa vinculación debe servir para enriquecer las iniciativas que le apuesten al cambio.
Y estos deben conseguirse apelando a la compresión de los diferentes sectores de convicciones democráticas, capaces de imponerse a quienes se aferran a reclamar más de lo mismo, como protección a sus privilegios en perjuicio de los derechos colectivos.
La paz, que a todos beneficia, no deja de tener enemigos en Colombia. Son todos aquellos que se atraviesan contra las iniciativas que buscan corregir los desatinos de la sociedad clasista y de los políticos cegados por el dogmatismo excluyente, indolentes ante el resquebrajamiento provocado por su insólita postura.
Respecto de la paz se debe tener una convicción activa para defenderla de quienes le atraviesan trampas de todo orden. Si los grupos armados quieren salir de ese laberinto de horror tienen que obrar con sinceridad y coherencia. O están por la dejación del conflicto y pasarse al rumbo de la democracia, o prefieren la turbulencia en que se consumen. No pueden seguir en las contradicciones.
Las negociaciones de paz que se han consolidado con el M-19 y las Farc son ejemplos de buenos resultados.
Las que siguen deben aportar mayores resultados, con lo cual Colombia ganaría mucho.
Puntada
Se espera que los nuevos testimonios de Salvatore Mancuso aporten verdades irrefutables y pongan al descubierto a tantos agazapados promotores de la violencia de los grupos criminales.
ciceronflorezm@gmail.com
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