El estreno de la Ministra del Interior ha sido bastante ruidoso y controvertido. Nadie podrá desconocer que si este era su propósito lo logró. Si con el cambio de Nancy Patricia Gutiérrez a Alicia Arango, el gobierno pretendía tener una ministra de la política dura, combativa y radical, que reforzara la doctrina uribista, sin duda alguna la nueva funcionaria que representa lo más puro del Centro Democrático cumplirá a cabalidad su misión.
Y en su arranque no defrauda a sus seguidores de las barras bravas. “ hay más muertos por robos de celulares que líderes sociales en el país” . “ Chillan por las muertes de líderes sociales y no por los demás muertos”. “Era un escolta no un líder social”. Estas tres frases se suman a las recordadas expresiones del uribismo como “en Colombia no hay desplazados por la violencia sino migrantes internos”, o la más reciente del Director del Centro de Memoria Histórica, que con agresiones incluidas a sus críticos, señala que “no hay conflicto armado” o la del expresidente del Congreso según la cual “hay que cerrar las oficinas de derechos humanos de la ONU en Colombia”.
Todas estas expresiones reflejan el pensamiento real del expresidente Uribe frente a la tragedia de la violencia que ha vivido Colombia y demuestran una enorme insensibilidad y menosprecio por el valor de la vida en nuestro país. Envían un mensaje contundente y desolador de que el respeto a los derechos humanos no es prioridad para este gobierno. Señalan con crudeza que la protección a la vida de los indígenas asesinados, de los lideres afro, de los reclamantes de tierras, de excombatientes desarmados, es una tarea más que debe cumplir el estado, pero no es de ninguna forma su compromiso esencial.
Mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja, el relator de Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos y la oficina del Alto Comisionado para La Paz desde Ginebra, presentan completos informes que coinciden más allá de imprecisiones puntuales o recomendaciones políticas inoportunas, en que lamentablemente en el país se reactiva el conflicto armado y se complica la vida en muchas comunidades que habían recuperado su tranquilidad, el gobierno nacional prefiere continuar su pulso ideológico, su dogma de fe, su apego a la confrontación armada, como la mejor forma de mantener un discurso y unas ideas que se niegan a renovar y a adaptar a las nuevas realidades del país.
Buscan que el país retroceda a comienzos de este siglo y se niegan a aceptar qué hay una nueva sociedad, más civilizada, más moderna, con unos jóvenes comprometidos con La Paz y la reconciliación, que no pierden la esperanza de vivir en un país en donde la conectividad digital, la sostenibilidad ambiental, la innovación y el emprendimiento, sean las grandes preocupaciones, y no regresar a los oscuros tiempos de las masacres, las tomas de poblaciones, los secuestros masivos o los falsos positivos.
Por ello, la actitud agresiva e intolerante de la ministra, que coloca en la misma situación a un ciudadano en el norte de Bogotá, que a un indígena en Buenos Aires, Cauca, o a un líder afro en el Pacífico nariñense, como si tuvieran las mismas oportunidades de acudir a la protección del estado, demuestra al mismo tiempo ignorancia, cinismo e indolencia ante la vida de colombianos que todos los días luchan por sus territorios, contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, para recuperar sus tierras o proteger nuestros ríos. Y no es una posición aislada. Coincide con los virulentos ataques que desde el poder dirige Darío Acevedo contra defensores de derechos humanos y líderes de la oposición; con las reacciones oficiales a los informes de organismos internacionales reconocidos; con la persecución del Súper Industria y Comercio, ex asistente del presidente Duque en el Senado, a un columnista crítico del gobierno por utilizar imágenes de los hijos del presidente, que ya fueron divulgadas por la propia Casa de Nariño.
Quedamos entonces notificados que el gobierno pasa a la “ofensiva”. Que la estrategia es intimidar, arrinconar, presionar, agredir a quienes desde los medios, las redes, el congreso o la calle se atrevan a cuestionar. Y los contradictores que se atengan a las consecuencias de su osadía. No cabe duda ya: retrocedemos como país, ya no solo en materia de paz y seguridad por la no implementación de los acuerdos de paz, sino también en cuestión de libertades y derechos, de avance democrático. Hay que resistir.
