Lo que sucedió el domingo pasado con el viceministro del interior y los miembros de la primera línea es inadmisible y alarmante. Muchos advertimos de los riesgos que suponía la victoria de Gustavo Petro, pero la absoluta ausencia de liderazgo y la desesperanza del pueblo hizo imposible combatir el populismo con que llegó al poder y que hoy los hechos nos dan la razón.

El presidente en campaña les prometió a los miembros de la primera línea, incluso en el discurso de posesión, que serían liberados a pesar de haber sido detenidos por incendiar Comandos de Atención Inmediata, haber cometido actos de tortura, secuestro, asesinatos de civiles y policías; y dañar bienes públicos y privados, entre otros.

Para muchos esto es una burla, no solo a la institucionalidad del país sino un agravio contra todos los ciudadanos que se han visto afectados por los desmanes cometidos; y por la zozobra, angustia y terror que estos criminales han generado en las ciudades principales.

Lo que se ha visto en estos pocos meses es aterrador. Pareciera que la consigna en lugar de ser la consecución de la paz total fuera lograr la impunidad total para todos los criminales afines al Gobierno. Y esto se estaría demostrando no solo en lo referente a la primera línea, sino también a la negociación con la segunda Marquetalia que incumplió el proceso de paz. Inclusive Humberto de la Calle se opuso, pero fue derrotado por la aplanadora de las mayorías del Congreso.

Lo que se está evidenciando es una política de gobierno, con una estrategia definida a favor de la anarquía, debilitamiento de la fuerza pública y protección a la criminalidad.

Hace unas semanas se presentaron fuertes enfrentamientos entre indígenas Emberá y la Policía en Bogotá que dejaron 27 heridos, entre ellos catorce policías. Muchos aún no superamos la imagen de los indígenas golpeando brutalmente a la policía. El presidente rechazó los actos para quedar bien con la opinión pública, pero al día siguiente como premio los recibió en palacio, justificando las vías de hecho.

Lo que sucedió el domingo pasado con el viceministro del interior Gustavo García, es aún más grave y un abrebocas de los que nos puede suceder si no protegemos nuestras instituciones. Los miembros de la primera línea protestaron de manera violenta, luego de que el Gobierno sacara dos orangutanes que le habían colgado a la ley de orden público, buscando el indulto de este grupo.

El viceministro, como bien lo expresa Cesar Andrés Restrepo, “puso contra la pared a un dispositivo policial en ejercicio legítimo de sus funciones y relevó de facto al gobierno distrital en sus funciones para presionar la liberación de detenidos, uno de ellos con cuatro procesos penales según lo informó el mismo Director de la Policía Nacional.”

En esto no caben las interpretaciones; los videos son claros, el amiguismo, con que trataba a los implicados el viceministro era notorio y los audios de una de las jóvenes reclamándole porque no había llegado antes y exigiendo que le quitaran las esposas, son hechos lamentables y peligrosos para el país. Una vez liberados, celebró con los jóvenes, prometiendo que presentarían nuevamente la ley, premiando otra vez, las vías de hecho. En un país serio, este funcionario ya habría sido destituido por extralimitación de funciones e imputado por la Fiscalía por el mismo delito.

Deplorable también, la actuación del general de la policía quien se encuentra arrodillado al gobierno, sin autoridad ni mando.

Si la Policía recibe órdenes de liberar a personas al margen de la ley por afinidad ideológica con el Gobierno, estamos a un paso de que seamos guardados los que nos oponemos a las políticas nefastas de este Gobierno. Así estamos, advertidos estábamos.