El principal problema fiscal del país es el clientelismo y la corrupción que prohíja. 

La mayoría de los programas que contribuyen a reducir la pobreza, por ejemplo, tienen recursos y tienen financiación. 

La educación, la nutrición infantil, los almuerzos escolares, atención a la primera infancia, y muchos aspectos del sistema de salud no funcionan porque los manejan mal y se permite que los políticos de la maquinaria u otras organizaciones extractivas les echen mano a estos recursos abusivamente. 

A veces, como en el caso de los almuerzos escolares, no se conforman con llevarse una tajada, sino que se roban la mayoría de los recursos. 

Posiblemente hace falta plata en alguno de los proyectos sociales, pero comparativamente este es un problema menor si se compara con el desperdicio y el despilfarro que proviene de la desviación clientelista de los recursos del Estado, como tristemente lo ha comprobado la gestión corruptora de Odebrecht. 

Limpiar al estado de estas alimañas va a ser mucho más efectivo que cualquier reforma tributaria. 

Una reforma política basada en la voluntad y el compromiso de un presidente empeñado en liberar al país del yugo clientelista despeja el panorama fiscal y abre la oportunidad de emprender cambios significativos como poner a los pobres de primeros en la asignación del gasto público y llevar a cabo el programa de posconflicto sin angustias fiscales. 

Otro problema histórico del Estado en Colombia es que los gobiernos no temen generar desconfianza deliberadamente. Si no se puede confiar en el gobierno no opera el pacto social. 

Por eso se debe cumplir lo que el gobierno les prometió a los campesinos de varias regiones del país y a los habitantes de Buenaventura para que levantaran los paros. 

No haber estado de acuerdo con los paros no justifica incumplir lo prometido. Como no lo es en el caso de los acuerdos de paz. 

Este gobierno y los próximos deben cumplirles a los firmantes del acuerdo de paz lo que la administración puede cumplir autónomamente sin depender de los otros poderes. 

El Estado no puede ceder su autonomía ni renunciar a ella o al monopolio de la autoridad. No debe tomar partido entre grupos privados en competencia, ni entre sectores de la sociedad en pugna. 

Debe ser independiente del poder económico y no le debe temblar la mano para defender los derechos y las instituciones. Se debe poder contar con él para que se haga lo que es justo y para que se tomen las decisiones que requiere la solución de crisis, sin dejar que ellas progresen hasta un punto en el cual no hay soluciones razonables. Tampoco se debe permitir que se hagan inversiones en bienes púbicos que luego no cuentan con recursos para su operación. Gran parte del problema es administrativo, de actitudes, de carácter y de voluntad. Esto hace posible una reforma a fondo del estado que no requiera pasar por el congreso y depende exclusivamente de la voluntad del nuevo presidente. 

Destacados economistas están pidiendo que se lleven a cabo las reformas estructurales que faciliten un mayor crecimiento y mayor desarrollo social. Las del Estado, el Congreso, el sector judicial y el sistema político son inaplazables y las económicas tampoco pueden esperar. (Colprensa)