Los de corrupción son de todos los días. Jamás habíamos visto una administración en que la putrefacción fuera más profunda y extendida. Los petristas llegaron con hambre vieja y feroz. Hay confesiones y denuncias, muchas provenientes de la entraña misma de Petro, sobre hurtos, malversaciones, direccionamiento de contratos y favorecimientos a contratistas cercanos al gobierno, peculados y prevaricatos de la más variada condición y en las más diversas áreas del gobierno. Una mirada rápida a algunos:
En el MinDeportes, la olímpica Urrutia canceló 104 contratos a los que faltaban un par de meses para terminar, para en la noche renovarlos por un plazo mucho más largo y favorecer así a sus amigos contratistas. La ministra que la sucedió incumplió los compromisos para la realización de los Panamericanos en Barranquilla. Se perdieron USD$2.025.000 que ya se habían entregado y el país dejó de recibir alrededor de USD $900 millones, los ingresos que le dejó a Chile la realización de los últimos juegos.
En la Agencia Nacional de Tierras, desde donde se supone que se debía estructurar la reforma agraria, el hedor es espantoso. Después de dos años solo han comprado 112.000 hectáreas, menos del 10% de las 1,5 millones que prometió Petro. Para tener una idea del desgreño, hasta junio, de las 599.876 hectáreas en 1.412 ofertas hechas por afiliados a Fedegán, la ANT solo ha comprado 33 predios con una extensión de 10.328 hectáreas. En fin, de los $4,9 billones del presupuesto 2024 de la ANT, a mayo solo se había ejecutado el 3,83%. Es la constante: el gobierno se queja de falta de recursos y quiere una nueva tributaria, pero ejecuta realmente mal, peor que nunca en todo el siglo XXI.
Más grave, hay irregularidades en el 62% de las compras de tierras hechas, entre ellas la adquisición de predios que no tienen vocación agrícola o inequívocamente inhábiles para desarrollar actividades agropecuarias porque en su mayoría están conformados por humedales o cuerpos de agua, compras de baldíos y en zonas de parques nacionales, con sobreprecios de tres y cuatro veces su valor real. $136.911 millones embolatados por compras anómalas.
La Cancillería no se ha salvado de la podredumbre. Ahora la regla es saltarse a los funcionarios de carrera. Los dos sindicatos del Ministerio han denunciado las sistemáticas designaciones como embajadores, cónsules y diplomáticos en todos los niveles de personas que no fueron a la universidad, que no hablan segundo idioma, que no tienen ningún conocimiento o experiencia en política o relaciones internacionales y cuyo único “mérito" es el activismo ideológico, como Guanumen o Moisés Ninco, o la amistad con Verónica Alcocer, como los embajadores en Madrid y Roma. Los tribunales administrativos han anulado decenas de esos nombramientos. Sin embargo, en varios casos el gobierno ha vuelto a nombrar en sus cargos a los destituidos, en abierto desacato de los fallos judiciales.
Petro también ha nombrado embajadores investigados, o incluso formalmente acusados en la Corte Suprema por los más diversos delitos, desde corrupción, como Romero o Benedetti, hasta narcotráfico, como Muñoz. Y no debe olvidarse que el canciller Murillo fue condenado por peculado.
Como si no bastara, ha dinamitado servicios que tradicionalmente habían funcionado bien, como la expedición de pasaportes. Los pasaportes le costaron el cargo a Leyva, que quería meter la mano en el negocio, y a estas alturas, después de recular para volver al menos temporalmente a Thomas Greg & Sons, no se sabe quien se encargará de su producción a partir de octubre y si nos salvaremos de pagarle al menos $117 mil millones en perjuicios causados por los oscuros intereses económicos y los caprichos de alguno en el gobierno.
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