Los resultados de las elecciones regionales del pasado 27 de octubre revivieron el debate sobre la conveniencia de las encuestas y sondeos de opinión sin un control efectivo. Si bien las firmas encuestadoras están reguladas por la ley, esa normatividad no es muy exigente en el momento de establecer responsabilidades por datos de intención de voto que sean abiertamente alejados de la realidad.

En las anteriores elecciones la credibilidad de las encuestas quedó en entredicho. Con la información de los boletines de la Registraduría, dando a conocer los ganadores en alcaldías y gobernaciones, fue evidente la pifia de las firmas encuestadoras. Algunas se excusaron con estar dentro del margen de error que arrojan las muestras, lo cierto es que no acertaron con los candidatos de las principales ciudades que resultaron elegidos. 

El caso más notorio se dio en Bogotá donde todas las encuestas daban por ganador a Carlos Fernando Galán, con una intención de voto creciente en los últimos días. Al contrario, Claudia López, según las encuestas, fue disminuyendo en favorabilidad mientras se acercaba la fecha de los comicios. El conteo final de votos, otorgando la alcaldía a López, mostró que la tendencia anunciada en medios estaba errada.

Las encuestas están diseñadas para realizar investigaciones de recolección de datos que permitan cualificarse y cuantificarse, que puedan “interesar a los diferentes segmentos de la población y cómo ellos se relacionan con la política”. Sin embargo, no tienen un rigor científico, menos con el porcentaje tan bajo de entrevistados en la muestra, que a pesar de que se habla de una representación de la población, no da certeza sobre los resultados. 

¿Quiénes son los que opinan en las encuestas? La mayoría de personas niegan haber sido entrevistadas o conocer a alguien que haya respondido las preguntas de las encuestadoras. El problema de la publicación de esas tendencias sin ningún rigor y con controles mínimos por parte de las autoridades electorales, es la influencia que tienen en la intención del ciudadano. Cuando hay preferencia por un candidato por tener el mejor proyecto de gobierno y éste aparece en las últimas casillas de las encuestas, el elector termina por no votar por él “para no perder el votico”. Es innegable la influencia de las encuestas, en unas regiones más que en otras como se evidenció en las pasadas elecciones, y por ello es que de las campañas de partidos y movimientos políticos se financian sondeos de opinión con cierto sesgo para favorecer a un candidato determinado.

Hoy las redes sociales se mueven por los mensajes que son tendencia y a eso apuntan quienes lideran las encuestas, ser tendencia durante la contienda.

Son varias las reflexiones del elector: ¿Quién paga las encuestas? ¿Se deben publicar todas las encuestas sin importar que sean tendenciosas? ¿Se necesitan mayores controles a los sondeos de opinión? ¿Debe ampliarse la fecha de restricción para publicar encuestas?

Esta situación tendría que motivar a las autoridades electorales a establecer regulaciones que ofrezcan mayor transparencia. En últimas ese es el objetivo, lograr unas votaciones limpias, que quienes lleguen a los cargos públicos lo hagan de manera transparente.