Dentro del Sistema de Seguridad Social ya sea en salud o en riesgos laborales, es momento de decir las cosas sin rodeos. Esta es una invitación abierta, y muy personal, a que seamos absolutamente francos y honestos con el uso del sistema. No desde la norma fría, sino desde la realidad cotidiana que hoy tiene al sistema tensionado, a las empresas golpeadas y a la justicia saturada.

A mi parecer, estamos presenciando una práctica devastadora que nadie quiere nombrar con claridad: personas que han encontrado la grieta, el espacio oscuro del sistema, para hacerse pasar por enfermos de una supuesta enfermedad profesional, no con el fin de proteger su salud, sino con el objetivo estratégico de activar coberturas, recomendaciones médicas y, finalmente, blindarse laboralmente a través del fuero que la ley otorga a personas con discapacidad o con afectaciones en salud.

El problema no es el derecho. El problema y es momento de decirlo claro y sin rodeos; es el abuso del derecho.

El margen de protección del fuero se ha ampliado tantopor vía constitucional, interpretativa y administrativa, que hoy parece cubrir desde patologías graves hasta una gripa persistente, un supuesto estrés laboral o unos juanetes mal puestos. En ese escenario, se acude al sistema médico no como espacio de sanación, sino como escenario probatorio. Se buscan diagnósticos, incapacidades, recomendaciones psicológicas o restricciones laborales, no por necesidad clínica real, sino para construir un expediente que sirva como escudo contractual.

El resultado es perverso: el sistema colapsa atendiendo personas completamente sanas que no están enfermas, pero sí estratégicamente asesoradas. Se congestiona la atención médica, se desgastan las EPS, se presiona a las ARL, se judicializa la relación laboral y se distorsiona la finalidad misma de la seguridad social.

Los datos no me desmienten. El emprendedor ese que sostiene el tejido empresarial del país, por enfermo que esté, no va al médico. No puede darse el lujo de incapacitarse, de parar, de cerrar el negocio, para el con la presión de las ventas, de los pagos de impuestos de las nóminas y la carga de la seguridad social que aumenta día a día, estrés no hay. Del otro lado de la moneda, el incapacitado que abusa del sistema cobra por quedarse en casa, mientras la empresa paga, el sistema asume y la productividad se resiente.

Y ahora entramos en el terreno de la enfermedad invisible. Estrés, ansiedad, depresión. Diagnósticos reales, sí, pero también no nos engañemos, territorios fértiles para el abuso, cuando absolutamente todo termina siendo atribuible al trabajo: trabajar en oficinas agradables, con salario, estabilidad y tareas que el propio trabajador eligió. Hoy pareciera que todos están subiendo de depresión y ansiedad por el solo hecho de cumplir con una jornada laboral.

No se trata de negar la salud mental. Se trata de exigir responsabilidad y honestidad en su abordaje.

Cada incapacidad injustificada, cada diagnóstico forzado, cada recomendación médica obtenida de forma estratégica, le quita recursos al que sí los necesita, afecta a las empresas que cumplen, y erosiona la credibilidad del sistema ante los jueces. La consecuencia es clara: desconfianza generalizada, judicialización excesiva y un sistema que deja de proteger para convertirse en campo de batalla.

La seguridad social no fue diseñada para ser un arma defensiva contra el empleador ni una herramienta de estabilidad artificial. Fue creada para proteger la vida, la salud y la dignidad, no para blindar contratos mediante atajos médicos.

Si seguimos por este camino, no solo colapsará el sistema de salud y de riesgos laborales; colapsará también la noción misma de justicia social. Porque cuando el abuso se normaliza, el derecho deja de ser garantía y se convierte en botín.

Ser francos y honestos con el uso del sistema no es un discurso moralista: es una condición mínima de sostenibilidad. Sin eso, no habrá reforma que alcance, ni sistema que resista.

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