Hay decisiones que retratan un país. Y hay otras que lo desfiguran. La elección de la senadora Sandra Ramírez como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso no es solo una mala decisión: es una afrenta contra las víctimas y una burla a nuestra sociedad.

Seis congresistas votaron por ella. Cuatro pertenecen al Pacto Histórico —Alexander López, Aída Quilcué (fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda), Julio César Estrada y Jael Quiroga—. A ellos se sumó Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, además de su propio voto desde el partido Comunes.

El mensaje es claro: se le otorga una dignidad institucional a quien hizo parte de una estructura responsable de crímenes sistemáticos y degradantes contra la dignidad humana.

No se trata de opiniones. Se trata de hechos. Las víctimas han hablado durante años. Han entregado testimonios, han aportado pruebas y han acudido a la Jurisdicción Especial para la Paz en busca de verdad y justicia. Han denunciado reclutamiento de menores, esclavitud sexual, abortos forzados y violencia sistemática contra niñas y mujeres.

Sandra Ramírez no fue una figura marginal. Integró el círculo de poder de las Farc, fue compañera de “Tirofijo” y conocía de primera mano lo que ocurría dentro de esa estructura. Su rol no fue secundario: fue parte de un engranaje que permitió que ese sistema de violencia quedestruyó vidas, sometió cuerpos y normalizó el horror se mantuviera durante años. Que hoy ocupe un cargo en la Comisión encargada de proteger los derechos humanos revela una distorsión profunda: quienes deberían responder por violaciones graves terminan investidos de autoridad moral.

La inoperancia de la Jurisdicción Especial para la Paz ha contribuido a ese escenario. Las víctimas han cumplido: han denunciado, han comparecido, han insistido. Sin embargo, las respuestas han sido tardías, parciales o inexistentes. La ausencia de decisiones contundentes frente a responsabilidades individuales envía un mensaje devastador: en Colombia, la justicia puede esperar indefinidamente.

Lo anterior se agrava con otro hecho. La senadora no solo ha negado esos crímenes, sino que lo ha hecho contra toda la evidencia: incluso el propio Timochenko —antiguo miembro de esa organización— los ha documentado y admitido. Hace apenas unos días reconoció que ese grupo narcoterrorista cometió delitos sistemáticos basados en género. Para las Farc, la mujer no era un sujeto de derechos: era una esclava, un instrumento desechable.

Sin reconocimiento no hay verdad. Y sin verdad, cualquier pretensión de representar a las víctimas resulta insostenible.

Además, ha optado por denunciar a quienes le recuerdan su pasado. Como si la memoria fuera un ataque. Como si pedir explicaciones fuera persecución. Recordar no es perseguir: es un deber. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Mientras no haya verdad completa, reconocimiento real y justicia efectiva, el país tiene el derecho —y la obligación— de exigir respuestas. Porque lo que está en juego no es una persona. Es la dignidad de las víctimas. Y cuando quienes las vulneraron terminan encargados de defenderlas, la señal no es confusa: es devastadora. Aquí no se está reconciliando al país. Se está normalizando lo inaceptable, premiando el horror y diciéndoles a las víctimas que su dolor vale menos que los acuerdos políticos. Ese es el verdadero mensaje: un país que acepta eso, deja de tener autoridad moral para hablar de derechos humanos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en  https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion