Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz recientemente divulgado, demuestra que las acciones de los grupos armados ilegales distintos de las Farc- que ya no existen como tales- subieron 65% desde la firma de los acuerdos para terminar el conflicto armado con dicha organización. Las masacres se han más que triplicado; los homicidios se han incrementado en un 39 %; los asesinatos de líderes sociales han pasado de 82, antes de la firma del Acuerdo, a 128 en el último año; los homicidios de excombatientes de las Farc alcanzaron en el 2019 la cifra récord de 78, y este año van en 18. Aún más, poco antes el ex Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo había dicho, entre otros, que “el derrumbe de la seguridad en las regiones” constituye “la mayor amenaza a la paz”. 

Y por si fuera poco, desde los Estados Unidos, Adam Isacson,- quien hace al menos quince años viene analizando la situación de Derechos Humanos en Colombia-,  declaró: “hay que decir con voz alta lo que la ONU y otros gobiernos han dicho de forma diplomática: Colombia no está mejorando en derechos humanos y no hay voluntad política por parte del Gobierno para hacerlo”.

En fin, la realidad es tozuda: durante el actual gobierno la Seguridad Pública ha sufrido un evidente detrimento. Y si se analizan las declaraciones tanto del Presidente Duque, como del Ministro de Defensa, sosteniendo reiteradamente que “el principal enemigo de los colombianos es el narcotráfico”, hay que decir que ese intento de simplificar el problema, lo que denota es vacío de una efectiva estrategia de seguridad para al menos avanzar en la solución. Desde la Fiscalía se argumenta que ha habido un 48,21% de avances en esclarecer crímenes contra exFarc, lo cual alivia en algo el asunto, pero la Consejería de Seguridad de la presidencia no encuentra más salida que calificar de mentiroso a Jaramillo, tratando de cambiar la realidad: la seguridad pública en varias regiones como en el Cauca, Catatumbo, Putumayo y Nariño o en el bajo Cauca antioqueño es, por decir lo menos, famélica. 

Ahora bien, lo que se observa en el trasfondo de las declaraciones oficiales cuando se tratan de mostrar “éxitos” de las operaciones de seguridad (muerte de “objetivos de alto valor”, hectáreas de droga fumigadas, incautaciones de cocaína, etc) y en las reacciones ante eventos violentos, como el aumento del pie de fuerza o el ofrecimiento de recompensas, es que los distintos organismos de seguridad están operando como si el conflicto con las Farc no hubiera terminado y las amenazas a los colombianos fueran, si no las mismas, muy similares a cuando estaba vigente la guerra contra las Farc. Si así no fuera, los indicadores de gestión para evaluar los comandantes de distintos niveles o para mostrar la efectividad de la política de seguridad serían diferentes y estarían enfocados prioritariamente a lograr una efectiva prevención para evitar las afectaciones a lo más importante: la vida e integridad de las personas.