La semana que recién pasó, el país vivió en algunas zonas, un duro paro y bloqueos un tanto inéditos, por el alza en el impuesto predial, producto, según unos y otros, por los avalúos catastrales exagerados que generaron liquidaciones igualmente altas del tributo a los predios.

La historia del Catastro y del Registro, es tan vieja como la República. El primer asomo de identificar la forma de propiedad de la tierra en Colombia, mediante lo que hoy denominamos “registro”, se dio en la Constitución de Cúcuta de 1821. La Carta, dejó consagrado que la nación tendría un patrimonio propio e independiente, constituido por los bienes censados y los futuros. Se estaba definiendo, entre otros, la Cartografía de la Gran Colombia.

Dando un salto en la historia, para ubicarnos en los tiempos recientes, el Catastro retomó su importancia y su fuerza, a propósito del Acuerdo de Paz suscrito por el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc-EP. Previo a los diálogos y suscripción del Acuerdo final, se conformó la llamada Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, en febrero 2015, para que contribuyera al entendimiento del conflicto armado.

La Comisión, identificó como uno de los orígenes del conflicto en Colombia, “la cuestión agraria” Esto es, la tierra: su abandono estatal, su despojo, el desplazamiento y el campesino en medio de este. En el primer Acuerdo, el de La Habana, de 2013, el primer punto consignó el “Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva”.

Posteriormente, perdido el innecesario Plebiscito convocado por el presidente Santos y dadas las revisiones, el Acuerdo final reiteró en el punto N° 1, todo lo relacionado con la Tierra y el compromiso de adelantar una Reforma Rural Integral que deberá crear, desarrollar y garantizar: 1. Un Fondo de tierras; 2. Acceso integral 3. Formalización de la propiedad 4. Restitución de tierras 5. Catastro rural 6. Jurisdicción agraria 7.Vocación 8. Cierre de la frontera agraria y protección ambiental 9. Zonas de reserva campesina.

En Colombia, durante la administración del IGAC, a cargo del suscrito, propusimos a la Dirección Nacional de Planeación y a todas las entidades involucradas en el tema de la tierra, que le pusiéramos “un apellido al Catastro” y lo llamamos Multipropósito. Es decir, que este sirviera no solo para medir y avaluar el área de los predios sino sus virtudes ambientales, de infraestructura, su vocación y permitirles a los municipios incorporar a sus bases catastrales zonas que otrora fueron rurales y seguían tributando con tarifas absurdamente bajas, como lotes, cuando en realidad ya existen desarrollos urbanísticos mejores que ni en las áreas urbanas, pero que reclaman grandes inversiones de los fiscos municipales.

Había y hay que meter en cintura las situaciones antes descritas. La tierra, los predios del país necesitan y merecen ser perfectamente identificados. El impuesto predial debe ser el motor de desarrollo de las regiones. No a cualquier precio, claro está. No pueden existir impuestos confiscatorios. El Catastro Multipropósito cuenta en las normas que lo desarrollan, suficientes seguros para que el predial, responsabilidad de los municipios, no se desborde.

Pero lo ocurrido en algunos municipios con el alza desmesurada de los avalúos catastrales tiene, en mi sentir, una alta responsabilidad del gobierno, en cabeza del IGAC. El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro, Ley 2294 de 2023, prevé en su artículo 49 la “Reducción del rezago de avalúos catastrales a nivel nacional mediante actualización masiva de los valores rezagados” y ordena al IGAC adoptar metodologías y modelos de actualización para ejecutar un ajuste masivo a los avalúos en municipios con más de cinco años desactualizados, es decir, casi todos en el país, que permita por una sola vez un ajuste automático para contrarrestar la distorsión y corregir inequidades. Esto, no necesariamente obedece al concepto tradicional de una actualización y, para ello, el IGAC, expidió una metodología especialmente para predios rurales.

Ahora, el Instituto y los gestores catastrales, una vez concluida la verificación del estudio económico, debieron entregar a 31 de octubre el resultado preliminar de los procesos catastrales adelantados, los avalúos masivos en 527 municipios para ser puestos en vigencia en el presente año y que, a la vez, en cumplimiento de la Ley 1450 de 2011, se puedan modificar, derogar o adicionar y tomar medidas de mitigación del impacto de los avalúos. 

Pero, entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué las protestas? ¿cuáles fueron los parámetros que tuvo el IGAC para dar certeza respecto de esa masiva actualización de valores?¿Revisó y entregó bien los resultados preliminares?¿Acompañó a los municipios y socializó con los concejos las metodologías y discutió con ellos sus estatutos tributarios para evitar que se disparará el valor del predial? ¿compartió con los municipios la modelación, que diseñó? O, simplemente impuso su posición dominante de ente rector catastral.

El IGAC y los municipios comparten la responsabilidad en esta situación que se ha presentado. Y, es una buena alerta para aquellos a los que la actualización automática masiva aún no le has tocado. Exigir, enterarse de la metodología a aplicar; trabajar conjuntamente las modelaciones; revisar sus estatutos tributarios, entre otros, para evitar nuevos paros y bloqueos que tan caros le resultan al país, por falta de previsión y acompañamiento a las comunidades.

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