El cultivo de coca ha sido un tema crítico en la historia política y social de Colombia, no solo por su carácter ilícito, sino por su vínculo con la violencia, la afectación al tejido social y la expansión de la frontera agrícola. Sin embargo, el reciente trabajo de investigación del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes ofrece una perspectiva distinta sobre el impacto socioeconómico de esta economía.
Este estudio se aparta de las visiones simplistas que asocian automáticamente la coca con la violencia y el deterioro económico, proporcionando una oteada más que invita a la reflexión, lejos de moralismos acomodaticios.
Uno de los resultados más reveladores es la influencia directa de la coca en el crecimiento económico local. Utilizando datos de iluminación nocturna obtenidos por satélites como indicador de la actividad económica, los investigadores estiman que un aumento de una desviación estándar en los cultivos de coca incrementa el Producto Interno Bruto (PIB) municipal entre un 2,5 % y un 3,1 %.
La economía de la coca inyecta recursos monetarios directamente, actuando como un catalizador para diversos sectores económicos en muchas regiones, principalmente en aquellas donde las condiciones materiales son adversas. Para muchas zonas marginales, la coca representa la única oportunidad productiva y de subsistencia, y a menudo se convierte en un mecanismo de movilidad social.
A pesar de que estos ingresos impulsan la economía local, lo hacen de manera informal, sin generar efectos significativos en los ingresos fiscales de los municipios. El estudio señala que no se observan cambios importantes en los impuestos a la propiedad, a la industria ni en los ingresos por recargos a combustibles.
Esto sugiere que la economía sumergida no tiene un impacto en las finanzas públicas ni contribuye a un desarrollo sostenible a largo plazo. Otro aspecto clave de la investigación son las consecuencias ambientales del auge de la coca.
El impacto en las tasas de deforestación es preocupante: un aumento del 104 % en la Amazonía colombiana y un incremento del 302 % en las áreas que pasan de cultivos de coca a pastizales para ganado. A medida que los cultivos de coca son erradicados o abandonados, muchas de estas tierras se transforman en zonas de ganadería extensiva, lo que agrava la pérdida de biodiversidad y contribuye al cambio climático.
Por otro lado, los autores no encontraron un aumento significativo en las tasas de homicidios ni en la presencia violenta de grupos armados. Este hallazgo desafía las teorías clásicas que asocian automáticamente la expansión de las economías ilícitas con la escalada de violencia, resaltando la complejidad de los fenómenos que dependen de factores contextuales y estratégicos en cada región.
Sin embargo, estos resultados no implican que debamos aceptar la coca como una solución económica viable a largo plazo. El estudio deja claro que, si bien esta economía ilícita puede generar beneficios inmediatos para las comunidades, sus costos ambientales y su incapacidad para fortalecer las finanzas públicas hacen insostenible su crecimiento a largo plazo.
Es evidente que la falta de ingresos formales limita las inversiones en infraestructuras esenciales, como la educación, la salud y el transporte, generando un ciclo de pobreza y dependencia de las actividades ilícitas. La investigación, como señalan sus autores, contribuye a mejorar la comprensión de los roles sociales, económicos y políticos de las economías ilícitas, especialmente su cuantificación.
También aporta a la literatura sobre los ingresos extraordinarios y la maldición de los recursos, proporcionando pruebas empíricas sobre los beneficios económicos de los ceses del fuego, y contribuye a la limitada literatura sobre los impactos de los procesos de fin de conflicto. Estos hallazgos son un insumo importante para el contexto actual de Colombia, y pueden ayudar a reformular las políticas públicas relacionadas con la paz y las drogas ilícitas.
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