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Desilusión
Es encomiable que para que se apruebe esta reforma el Gobierno haya asumido el riesgo de crear otro problema.
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Sábado, 22 de Octubre de 2016

Desde hace más de un año, los más destacados economistas del país han venido insistiendo sobre la necesidad y la urgencia de reformar el ‘régimen tributario colombiano para aumentar el recaudo, mejorar su eficiencia, simplificar el sistema tributario y hacerlo más progresivo’. 

Sobre este último punto ha causado un gran impacto el estudio de Facundo Alvarado y Juliana Londoño que, basándose en datos tributarios encuentra que el 20 por ciento del ingreso total lo reciba el uno por ciento de los contribuyentes, los más ricos; y que, entre ellos, los de mayores ingresos tienen las menores tasas efectivas de tributación. No llegan a cinco por ciento de sus ingresos brutos (‘High Incomes and Personal Taxation in a Developing Economy: Colombia 1993-2010’, CEQ Working Paper 19 March 2013).

Como reacción a esta situación de extrema desigualdad, los economistas que han estado presionando para que se haga una reforma tributaria estructural han insistido en que se les imponga un impuesto a los dividendos para hacer más progresiva la estructura tributaria. En otros países, México o Chile, por ejemplo, esa medida no produjo el mayor caudal de ingresos esperado ni indujo cambios importantes en la progresividad. 

Además, el impuesto es fácilmente eludible. Sin embargo, la reforma viene con una propuesta de impuesto a los dividendos, pero solamente aplica si los reciben individuos o empresas del exterior, con lo cual probablemente se hace más regresivo el impuesto de renta. 

Como eleva el costo de capital de las empresas y reduce su valor de mercado, es válido preguntar qué utilidad práctica o beneficio social tiene este impuesto que tampoco trae consigo una reducción por lo menos equivalente de los impuestos corporativos. 

Si se quiere afectar la carga tributaria de los más ricos y hacer progresivo el impuesto efectivo (impuesto pagado sobre ganancia bruta sin exenciones) lo que hay que hacer es limitar las exenciones y deducciones en forma progresiva. Esto no se hizo con suficiente alcance, sino con timidez, como señala Guillermo Perry, y más para poder hablar del tema de justicia distributiva que para hacer algo al respecto. 

En efecto, en la presentación que preparó Minhacienda para la reforma tributaria estructural en PDF (‘Por el empleo y la inversión’) ilustran la idea de que ella aporta progresividad con una gráfica que muestra cómo sube con el ingreso la tasa de tributación de los asalariados, pero no muestra cómo quedan los que reciben rentas y los que están en la cúspide de la pendiente de ingresos que es lo que se necesita saber. 

Es encomiable que para que se apruebe esta reforma el Gobierno haya asumido el riesgo de crear otro problema y otra controversia política en un momento que exige mucho respaldo público y sobre todo popular para no dejar enredar la paz. 

Pero lo que no se entiende es que lo hayan hecho para recaudar tan pocos recursos en relación con la magnitud del hueco fiscal; y que el lenguaje y la técnica jurídica del proyecto de reforma no hayan facilitado el acceso y comprensión del contenido por parte del contribuyente promedio y, sobre todo, del congresista promedio que para poder votar responsablemente tendrá que hacer un ejercicio titánico de comprensión de lectura.

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