Una grave denuncia ha sido formulada por el actual magistrado y vicepresidente de la Corte Constitucional, doctor Jorge Enrique Ibáñez, quien declara que, tanto él como integrantes de su familia y equipo de trabajo, vienen siendo afectados por la ilícita interceptación de sus comunicaciones y por seguimientos. Como debe ser -de manera oficial y sin acudir al show mediático-, el doctor Ibáñez se ha dirigido a la corporación a la que pertenece y a la autoridad competente -la Fiscalía General de la Nación-, para poner en su conocimiento los hechos y para solicitar la pertinente investigación y la salvaguarda de sus derechos.

La gravedad de esta denuncia es evidente. Aunque no se conoce si otros magistrados o funcionarios están siendo víctimas de tales procedimientos, no solamente estarían siendo vulnerados los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar -que la Constitución garantiza a toda persona-, sino que, como ocurrió en la vergonzosa época de las denominadas “chuzadas” contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estarían en peligro la autonomía, la inviolabilidad y libre actividad de la administración de justicia. Y ello, precisamente sobre la más alta corporación judicial, a cuyo cargo se encuentra, ni más ni menos, la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, hallándose a su conocimiento trascendentales procesos de control de constitucionalidad sobre leyes y reformas, revisión eventual de importantes fallos de tutela y hasta resolución sobre conflictos de jurisdicción y competencias.

Las investigaciones deben ser adelantadas con toda eficiencia y agilidad, para que autores y determinadores sean oportunamente sancionados, y no ocurra que -como en otros casos- pasen diez o más años sin que se haya establecido nada acerca de los delitos cometidos y sus responsables.

Como arriba decimos, el magistrado Ibáñez ha actuado como debe ser, es decir, ante la autoridad competente y de manera formal, entregando todos los datos de los que dispone sobre los hechos. En la actualidad, no es muy frecuente que así se haga, y lo que se ve a diario consiste, no en las sustentadas denuncias ante la Fiscalía, sino en el uso de las redes sociales y los medios de comunicación, para sindicar -sin prueba alguna- a personas, funcionarios e instituciones, esparciendo por esas vías graves sindicaciones carentes de fundamento, basadas tan solo en “sospechas”, “presentimientos”, “sensaciones” y afirmaciones de denunciantes ocultos. Muchas veces, con gran despliegue, se convierte en “verdadero”, lo que no ha sido denunciado, indagado, probado ni resuelto por las autoridades judiciales competentes, desconociendo por completo la garantía constitucional de la presunción de inocencia y violentando los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.

Desde luego, los periodistas y medios deben gozar de plena libertad para adelantar investigaciones y divulgar lo pertinente cuando encuentren -como ha ocurrido muchas veces- que se ha podido incurrir en delitos y en actos de corrupción. Pero han de hacerlo con fundamentos, elementos de juicio válidos, confrontaciones y confirmaciones, y denunciando ante las autoridades.

En cuanto a la política, ella no es excusa para atentar contra los aludidos derechos fundamentales de las personas, trátese o no de altos funcionarios estatales. No todo vale.

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