La tensión política en América Latina, reflejada en las marchas realizadas por miles de ciudadanos que salen a las calles a protestar, no es ajena a la realidad en Colombia. Como en otras latitudes, aquí se promueven manifestaciones en contra de las políticas sociales y económicas emprendidas por los gobiernos de turno, sin embargo, las condiciones de los países no son las mismas.
En Bolivia la crisis está relacionada con las constantes reelecciones de Evo Morales, que desde que asumió la presidencia, en enero de 2006, se ha negado a dejar el poder. Sus cuestionadas relecciones ponen en entredicho la transparencia de las votaciones y atentan contra la democracia, pues un mandato tan prolongado se torna en dictadura.
En Chile se habla de la desigualdad que enfrenta el país austral desde hace varias décadas. El incremento en las tarifas del metro fue solo una excusa para que se desatara una revuelta en Santiago y otras ciudades, causando la muerte a unas 21 personas y destrucción de algunas estructuras de las entidades estatales.
En Ecuador, Quito fue tomado por movimientos indígenas que se volcaron a las calles por las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno. Se suman las dificultades económicas y de gobernabilidad en Brasil, los problemas financieros en Argentina, con una inflación creciente; la desestabilización política en el Perú y ni hablar de la actualidad de Venezuela que desborda todos los sectores: político, económico, social, justicia, seguridad, órganos de control, salud, alimentación, en fin, la lista es inagotable.
Hay quienes comparan la convulsionada realidad latinoamericana con la situación en Colombia, intentando sacar provecho de las tensiones institucionales. Piden las cabezas de funcionarios del Estado y convocan a protestas masivas, como la que se está preparando para el próximo 21 de noviembre. Esta convocatoria es motivada por hechos que hoy son inciertos. Una posible reforma pensional que ni siquiera se ha presentado al Congreso, una posible reforma laboral cuyo texto no existe, la reforma tributaria que apenas está en trámite, fue recortada y es necesaria para aliviar el déficit fiscal.
He defendido la protesta social, varias veces desde este espacio, entendida como una forma de manifestar las opiniones o inconformidades por situaciones que afectan a la sociedad o un sector de ella. Como una manera de expresión legítima para el ejercicio de derechos. Por las experiencias vividas en las últimas marchas, estas convocatorias tienen que ir acompañadas de un llamado enérgico a movilizarse pacíficamente y que los promotores y personas que se congreguen estén atentos a rechazar cualquier brote de violencia. Los actos vandálicos protagonizados por encapuchados opacan los reclamos válidos de los manifestantes. La protesta social pasa a un segundo plano, es lo que persiguen quienes buscan desestabilizar la institucionalidad, crear el caos.
Enorme tarea tienen los dirigentes y líderes de opinión para unir a los colombianos con el único fin de sacar el país adelante y evitar que la crisis, en las dimensiones que se vive en otros territorios, nos sacuda y ponga en riesgo la estabilidad nacional. Afectaría enormemente las finanzas y los ingresos de los hogares.
Hay que cuidar lo que tenemos, nuestra democracia, que aunque sea imperfecta es el mejor sistema de organización estatal que se conoce. Gozamos de plena libertad para ejercer nuestros derechos constitucionales.
@WilsonRuizO
