Es repetida la denuncia, con las correspondientes informaciones en los diferentes medios, sobre hechos punibles, relacionada generalmente con actos que lesionan a la comunidad o causan detrimento patrimonial a entidades públicas.

Las contrataciones para el suministro de alimentos a estudiantes en establecimientos oficiales de educación se convirtieron en un negocio tramposo, de alta peligrosidad para la salud y la vida de sus usuarios y al mismo tiempo en fuente de enriquecimiento ilícito. Un engaño repetido. 

Con la  permisividad con que se amparan los negociados acordados no hay lugar a los controles que debieran aplicarse y por consiguiente, tampoco a las investigaciones de las presuntas  irregularidades  en que puedan haber incurrido quienes tienen el manejo  de los actos administrativos cuestionados.

Las alarmas se han prendido en varios departamentos por contratos entregados sin sujeción a las disposiciones legales a empresas que no tienen condiciones para garantizar la buena calidad de sus productos y que además ya han incumplido en sus obligaciones contractuales. 

Son empresas de papel, tramposas,  y a las cuales se privilegia por amiguismo o en razón de las utilidades que les dejan a las partes que entran en el negocio, mas no a los destinatarios de los suministros.

Como los entes de control son sordos, ciegos y mudos ante las irregularidades comprobadas y la justicia es igualmente nula, la impunidad se impone. 

No hay sanción y entonces predomina la ley del más fuerte en medio de una vergonzosa desfachatez de los protagonistas de los negociados.

La defensa del interés público exige correctivos que no dejen dudas. Los pañitos de agua tibia en  en situaciones que requieren tratamiento a mayor profundidad no deben tener cabida. Para los casos comprobados de corrupción la justicia tiene que aplicarse con rigor.

Si hay una red destinada a patrocinar actos ilícitos en el manejo de la alimentación escolar tiene que aplicarse sin esguinces la justicia. Tapar las faltas cometidas es alargar la cadena de las irregularidades. Y hacerlo bajo presiones de interés partidista o como protección a utilidades ilícitas es  hacerles el juego a los delincuentes, que lo son cuando desvían los recursos públicos destinados al beneficio de la niñez al aumento de sus ganancias articuladas a un engranaje criminal.

Seguir denunciando ilícitos que se quedan sin sanción es una burla más, que pone en situación  de indefensión a la comunidad y debilita la autoridad del Estado y del Gobierno. Lo cual causa daños que van minando el ordenamiento institucional y al mismo tiempo dejan secuelas, que son resquebrajamientos políticos y sociales en la vida nacional.

Si no se erradican esos males reconocidos se deja en entredicho la posibilidad de poner al país en el rumbo correcto para la consolidación de la paz y la democracia, que son las metas fundamentales en la perspectiva del llamado posconflicto.

Es una prueba para cambios que se están anunciando con tanta insistencia.

Puntada

Cúcuta no va bien. Los indicadores son negativos. Sin embargo, quienes están a la cabeza del manejo del municipio ponen más interés en los negocios que les dejen utilidades particulares que en el buen Gobierno. Y todo parece apuntar al beneficio de un círculo de privilegiados, como lo evidencian actos ya consumados. ¿Ese es el progreso?