No hay duda que la sociedad colombiana está viviendo una crisis múltiple –económica, social, de credibilidad en sus liderazgos, política, de salud, etc- y también sabemos que ella obedece a causa múltiples. Hay causas de corto plazo asociadas a la pandemia de la COVID-19, otras de mediano plazo derivadas de la ineficacia y de la poca o nula orientación redistributiva de las políticas públicas económicas y sociales, unas más de largo plazo, asociadas a causas estructurales que atraviesan la historia de nuestra sociedad y a las cuales ningún gobierno se ha atrevido seriamente a afectar.

El ‘estallido social’ que acabamos de vivir y del cual quedan algunos rescoldos, entonces, no es más que la expresión social y política de esas insatisfacciones acumuladas, en muchos casos convertidas en cuasi-desesperanza, especialmente en los grupos poblacionales jóvenes de nuestra sociedad.

Y lo peor es que a los protestantes les tocó enfrentar un gobierno con poca o nula disposición a escucharlos y de concertar salidas; un gobierno convencido que con un discurso de autoridad y orden, iba a poder dar respuestas a los millones de descontentos colombianos.

Esto fue un factor que coadyuvo a que el tema se prolongara y no tuviera un ‘cierre’ concertado, con lo cual no sería raro que en semanas o meses el problema vuelva a emerger y nos vuelva a sumir en un contexto de incertidumbre y de confrontación. Ojalá esté equivocado.

El Comité Nacional de Paro intentará convertir en iniciativas legislativas las demandas de su pliego mínimo y presentarlas al Congreso el 20 de julio, cuando se inicie la última legislatura del actual Congreso. La Minga indígena intenta volver realidad, a través de una ‘Consulta Popular’, sus principales demandas, a pesar de lo azaroso que parece ser ese camino, pero igualmente es una opción de activismo político importante.

Muchas de las ‘Resistencias’ de jóvenes intentan llegar a mesa de concertación con autoridades locales y nacionales, un poco como se logró en Cali y pese a que algunos para intentar desprestigiar a su alcalde y cuestionen los acuerdos a que se llegó con el acompañamiento de la arquidiócesis de la Iglesia católica y la comunidad internacional. En el mismo sentido lo han hecho sectores de los transportadores. Afortunadamente lo que queda en evidencia es que la salida a estas protestas ciudadanas está en la construcción de escenarios de diálogo y de concertación y no en el fácil pero condenable camino represivo.

Pero una prioridad del momento es asumir que vamos a tener que seguir conviviendo con la COVID-19 seguramente por meses o por años y que el esfuerzo colectivo debe ser tratar de normalizar nuestra vida, incluyendo aspectos como las modalidades de trabajo en casa, que deben mantenerse, o formas de trabajo remoto que sean viables, por supuesto tratando de lograr pronto la vacunación de la gran mayoría de la población –ojalá fuera la totalidad, pero sabemos que eso no es posible- y los refuerzos que sean necesarios, manteniendo las medidas de bioseguridad –tapabocas, aseo constante de manos, distanciamiento social, aireamiento de los espacios cerrados- y tratando de evitar al máximo reuniones masivas o aglomeraciones.

Y por supuesto, teniendo un cuidado colectivo de tal manera que cualquier persona que se enferme se pueda aislar por el tiempo previsto –en esto es fundamental la política de apoyo económico del Estado- y claro, con una disposición colaborativa de todos para irnos acostumbrando a ese nuevo ‘modelo de vida’, que insisto, seguramente nos va a acompañar por un buen rato. Pero con el apoyo de todos vamos a poderlo manejar y hacerlo amable.

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