El establecimiento de las reglas en cualquier comunidad -grande o pequeña- es indispensable para la convivencia entre sus integrantes y para el logro de sus objetivos.
Si no hay disposiciones que regulen la vida en común y las relaciones entre los asociados, que consagren un orden mínimo, que instituyan una autoridad, que rijan los comportamientos y que procuren el logro del bien común, lo que se entroniza no es nada distinto del caos y la destrucción del colectivo. Con mayor razón si se trata de un Estado, cuya razón de ser consiste en la organización integral de toda la sociedad que tiene asiento en el respectivo territorio, y todavía más en un Estado que se dice Social de Derecho. La Constitución es la estructura básica de esa organización y de ella emanan los principios y las normas que la hacen posible.
Pero no basta con la existencia de unas reglas, ni con la previsión de un cierto orden jurídico. Es indispensable su efectiva vigencia y su observancia. Las reglas puramente teóricas, incumplidas o desvirtuadas no sirven de nada.
Aludimos a ello, en el caso colombiano, porque observamos -cada vez con mayor preocupación- una tendencia, en diferentes sectores de nuestra sociedad, al incumplimiento de las reglas. Muchas de ellas se vulneran abiertamente, se ignoran o se tergiversan -so pretexto de interpretarlas- y el ordenamiento jurídico deja de cumplir su función esencial.
Es bueno recordar que las normas obligan a todos, no solamente a los particulares sino -con mayor razón- a quienes ejercen el poder público, en las ramas y órganos estatales en el orden nacional, departamental, distrital y municipal. Más aún: como lo estipula el principio de legalidad que contempla el artículo 6 de la Constitución en materia de responsabilidad ante la ley, “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
Es precisamente la actividad del Estado la que viene siendo afectada en mayor medida por la tendencia a eludir el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, alegando que se están cumpliendo. No es raro, entonces, lo que se ha visto en materia legislativa, a propósito del trámite orientado a la fijación del presupuesto para el año próximo, cuando, desde antes de la presentación del proyecto de ley por parte del Gobierno, ya se anunciaba por el presidente del Senado que contaba con los votos suficientes para no aprobarlo, a lo cual respondió el presidente de la República que, en consecuencia, se aprobaría por decreto.
Todo ello, en vez de estudiar la iniciativa y adelantar los debates que la Constitución ordena, tanto en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara y en las plenarias. Es allí -no en los medios de comunicación, ni en las redes sociales- en donde deben ser formuladas las propuestas, sustentadas y discutidas las contrapropuestas, examinadas las opciones, consideradas las cifras y las necesidades existentes, para llegar a la votación consciente y responsable.
Este es apenas un ejemplo de los daños que está causando la elusión y la inobservancia de las reglas, por causa de la polarización política.
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