La realidad jurídica del Estado colombiano es cada vez más compleja como resultado de los más de 400.000 procesos vigentes en contra de la nación, en demandas con las que se pretende la reparación o indemnización de los daños causados por agentes estatales o reclamaciones en tribunales de arbitramento y controversias en cortes internacionales, especialmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Una cuota significativa de la alta litigiosidad que se registra en el país la aporta el conflicto armado que por más de 50 años han protagonizado grupos guerrilleros, autodefensas, narcotráfico y bandas de delincuencia, que incurren en hechos vulneradores de los derechos fundamentales. Otro factor importante es la falla en el servicio de los servidores públicos que es la causa más recurrente para buscar la responsabilidad del Estado por los errores en la administración pública. También las providencias, particularmente de las altas cortes, crean nuevas categorías de obligaciones para las entidades que impulsan a que los ciudadanos acudan a la justicia, con el consecuente aumento de las acciones judiciales.
El tema es tan complejo que en este momento, según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la deuda por sentencias ejecutoriadas asciende a 9 billones de pesos y se encuentran en trámite demandas cuyas pretensiones superan los 410 billones. Aunque la realidad es aún más grave porque la entidad se queda corta frente a los compromisos por ese concepto. Solamente el Ministerio de Defensa debe cerca de 3.5 billones de pesos y no es la institución con más condenas, la Policía, el Ministerio de Minas y Energía y la Fiscalía General son, en ese orden, las entidades más accionadas.
Cada día sin sufragar las deudas por la declaratoria de responsabilidad de la nación la cifra crece. Es como un taxímetro que solo deja de marcar cuando se cancela la totalidad de la obligación. El Gobierno había anunciado la apropiación de recursos para liquidar las cuentas por concepto de fallos ejecutoriados, con el propósito de frenar el incremento del monto de esas cuantías, pero el Ministerio de Hacienda no ha hecho los desembolsos, permitiendo que con el transcurso del tiempo se hagan impagables. El dinero reconocido en las providencias que ponen fin a los procesos o que aprueben las conciliaciones empieza a generar intereses de mora desde su ejecutoria, pues ellas se constituyen en títulos a favor del beneficiario.
Demandar a la Nación es una de las prácticas del derecho con mayor expectativa de lucro, con cuantiosas pretensiones que ponen en riesgo la estabilidad fiscal del país. En el año 2018 fueron presentadas ante los jueces 125.000 nuevas demandas, sumadas a las que ya estaban en los inventarios de los despachos judiciales. Falta celeridad en la solución de este tema porque de no actuar, el problema crecerá a cifras inmanejables. Ya hubo una disposición presupuestal para esos pagos pero no se entiende cómo no se destinan los recursos mientras las deudas generan intereses diariamente.
@WilsonRuizO
