Por iniciativa de un grupo de congresistas, entre los que se encuentran la totalidad de los senadores y representantes nortesantandereanos, incluidos los de otras circunscripciones electorales, presentaron un proyecto de acto legislativo por “medio del cual se otorga a la ciudad de San José de Cúcuta la calidad de Distrito Fronterizo, Ambiental, Comercial, Cultural e Histórico y se dictan otras disposiciones”

Proyectos similares se debatieron en el   congreso en el 2006 y 2021. En el 2006, el senador Juan Fernando Cristo mediante proposición en el senado incluyó a Cúcuta como Distrito Especial, alcanzando a ser aprobado pero la Corte Constitucional en sentencia 033 de 2009 declaró la inexequibilidad del artículo referente a la ciudad de Cúcuta por vicios de trámite y en el 2021 durmió el sueño de los justos en el pupitre de un congresista. No contó con los debates reglamentarios en una legislatura. 

La ley 1617 de 2013 por la cual se expide el Régimen para Distritos Especiales determina que las autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las contempladas en el régimen ordinario para los municipios. Por ejemplo: dividir   el territorio del Distrito en localidades, definir sus competencias, asegurar su funcionamiento y recursos, dirigidos por alcaldías locales con su respectivas Juntas Administradoras, al mismo tiempo   que le otorga autonomía política frente al departamento. 

Bajo esta premisa, como mínimo las ciudadelas de Atalaya y la Libertad, contarían con alcaldías menores que con esta desconcentración de funciones y competencias propenderían por una organización más eficiente y oportuna en la solución de las múltiples necesidades que aquejan estas comunidades.

Por ser este proyecto un acto legislativo, requiere de 8 debates, cuatro en el senado y 4 en la cámara. Hasta el momento se han surtido dos debates en cámara y me asalta una duda porque en la ponencia no la mencionan y es el requisito sine qua non del concepto técnico de la Comisión de Ordenamiento Territorial. No sea este otro escollo que la Corte Constitucional no perdone.  

Otra duda que me asalta es el hecho, por demás importantísimo, crucial, es el de la parte económica. Se aumentarán los gastos de funcionamiento del nuevo distrito en por lo menos un 40% representado en la nueva burocracia, alcaldes locales, los equipos que los acompañarán y los honorarios de los ediles pues con la creación del nuevo distrito no  aumentarán las transferencias de la Nación y la ciudad no lo soportará.

Es esencial que por lo menos los dos ponentes representantes a la Cámara, nortesantandereanos, socialicen el proyecto con las fuerzan vivas del municipio para que diluciden estas y otras inquietudes frente a las bondades del mismo, sus pros y sus contras, no sea que el remedio sea peor que la enfermedad.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en  https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion