Hay fenómenos que se instalan en la vida cotidiana con tal naturalidad que dejan de parecernos problemáticos, se convierten en costumbres no importando si son o no legales o justas como mínimo. Uno de ellos es el de las llamadas copias “AAA”. No son falsificaciones burdas ni productos de mala calidad que se esconden en la informalidad; por el contrario, se exhiben con orgullo, se promocionan como “réplicas exactas”, se justifican en el precio y se consumen con la tranquilidad de quien cree no estar infringiendo ninguna norma. Y ahí está precisamente el problema.
La etiqueta “AAA” funciona como un eufemismo social y jurídico. No dice “falso”, no dice “pirata”, no dice “ilegal”. Dice “igual”, “idéntico”, “misma calidad”. Una fórmula lingüística perfecta para adormecer la conciencia del consumidor y, de paso, erosionar silenciosamente el derecho de propiedad industrial, basta darse una vuelta por IG o por FB, por el centro de la ciudad e incluso en algunos comercios.
Porque no nos engañemos: detrás de una copia “AAA” hay, casi siempre, una apropiación indebida de diseño, de signos distintivos, de innovación ajena. Hay un aprovechamiento económico del esfuerzo creativo y empresarial de otro, sin asumir los costos de investigación, posicionamiento, control de calidad ni responsabilidad legal. Es el atajo convertido en modelo de negocio, es la viveza del vivo, si señores asi se llaman ellos mismos.
La propiedad industrial que consta entre otros de marcas, patentes y diseños industriales no es un capricho del capitalismo ni un privilegio de las grandes multinacionales, como algunos quieren presentarlo. Es una herramienta jurídica creada para proteger la innovación, garantizar la competencia leal y ofrecer seguridad al consumidor.
Cuando se normaliza la copia, lo que se debilita no es solo a la empresa titular del derecho, sino al sistema entero de incentivos que sostiene la creatividad y el desarrollo económico.
Sin embargo, la pregunta incómoda es inevitable: si las copias AAA afectan el derecho de propiedad industrial, ¿por qué siguen siendo producidas, comercializadas y compradas?
La respuesta no es única ni simple. Por un lado, hay una evidente insuficiencia en los controles. Las autoridades administrativas y aduaneras suelen concentrar sus esfuerzos en la falsificación evidente, aquella que reproduce la marca de manera directa. Pero las copias “sin logo”, las que imitan el diseño, la forma, la experiencia visual del producto original, se mueven en una zona gris donde la vigilancia se diluye y la sanción rara vez llega.
Por otro lado, existe una interpretación laxa, a veces complaciente del concepto de infracción. Incluso por las personas del común y con ello me refiero a quienes no somos autoridades competentes en el sistema de control de propiedad industrial, se tolera la imitación, se sabe que lo adquirido no es de dicha marca o referencia, pero lo importante es usarla, mostrarla y ostentarla como tal, sin remordimiento alguno.
La línea entre la inspiración legítima y la copia parasitaria se vuelve difusa, y esa ambigüedad es aprovechada por quienes han hecho de la réplica un negocio altamente rentable, para producirla, como para usarla.
Las autoridades suelen justificar esta realidad con argumentos pragmáticos: limitación de recursos, priorización de casos, necesidad de proteger el comercio y el empleo. Se habla de informalidad estructural, de acceso a bienes más económicos, de una demanda social insatisfecha. Todo eso puede ser cierto. Pero también es cierto que, al mirar hacia otro lado, se envía un mensaje peligroso: copiar paga.
Las empresas que comercializan copias “AAA”, por su parte, han construido un discurso que mezcla victimización y astucia jurídica. Alegan que no usan la marca, que el consumidor sabe lo que compra, que no hay engaño, que simplemente ofrecen una alternativa. Se presentan como democratizadores del consumo, como respuesta a precios “excesivos” del mercado formal. En ese relato, el titular del derecho aparece como un actor abusivo y el infractor como un simple sobreviviente del sistema.
Pero ese discurso omite algo esencial: sin protección efectiva de la propiedad industrial, no hay innovación sostenible. Si todo puede copiarse sin consecuencias reales, el mensaje para quien invierte, crea y arriesga es desalentador. ¿Para qué innovar si el resultado será replicado al día siguiente, sin costos y sin sanción? Además de los altos costos que tiene el proceso de protección de patentes y marcas.
Siempre me ha parecido más grave el impacto cultural. Hemos aprendido a justificar la copia, a normalizarla, a consumirla sin cuestionamiento. La ética se diluye en el precio. Y cuando el derecho se relativiza de esa manera, deja de cumplir su función pedagógica y social.
No se trata de perseguir al consumidor ni de criminalizar la necesidad. Se trata de reconocer que la tolerancia frente a las copias “AAA” es una renuncia silenciosa al Estado de derecho económico. Una renuncia que, aunque parezca inofensiva, termina afectando la confianza, la inversión y la competencia leal, y de fondo cuando seas tú al que copian, ese día si estarás exigiendo a las autoridades la defensa de tus derechos.
Tal vez ha llegado el momento de hacernos la pregunta correcta, más allá del precio y de la apariencia:¿qué tipo de mercado queremos construir cuando aceptamos que copiar es más rentable que crear?
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
