Yo, al contrario de lo que piensan tantos analistas y constitucionalistas que opinan que la constituyente es un despropósito, creo necesario tomarle la palabra a Petro para desenmascarar los verdaderos propósitos de este gobierno cuando permanentemente amenaza al Congreso y a la sociedad con su convocatoria.
Que quede claro que una asamblea constituyente no es necesaria para impulsar ninguno de los temas que ha señalado Petro. Como bien lo ha dicho el expresidente Santos, no lo es para implementar el acuerdo de paz, pues allí lo que ha faltado es voluntad política. Para impulsar la reforma agraria tampoco, pues desde el primer día ganaderos y agricultores ofrecieron toda su colaboración para este propósito. Nuevamente lo que aquí ha faltado es capacidad administrativa.
Y qué tal una constituyente para solucionar el problema de las drogas, cuando este gobierno lo único que ha demostrado es su total falta de compromiso para combatir a las organizaciones criminales y para erradicar los cultivos ilícitos. ¿Una constituyente para garantizar salud, pensiones y acceso al agua? Será más bien para sustituir un Congreso que se ha negado a actuar como notario de las muy inconvenientes reformas de Petro.
Y sobre la reforma de la justicia, ni qué decir, pues el propio ministro de Justicia advirtió que la recientemente creada comisión no se ocuparía de reformas constitucionales. Todo lo quiere empaquetar en esta improvisada propuesta: energía, medioambiente, educación y, por supuesto, lo que él llama el fin de la violencia. Yo me pregunto si es que los resultados de esas mesas de diálogo con todos los criminales de este país van a ser la génesis de su asamblea constituyente.
Acusa Petro, injustamente, a empresarios de Barranquilla de estar haciendo colectas para financiar las elecciones de delegados a la constituyente, cuando lo cierto es que es él quien ha puesto el presupuesto nacional al servicio de su campaña política, que comenzó exactamente el día de las elecciones regionales, en donde perdió estruendosamente el favor de lo que él pomposamente llama “el pueblo”.
Mi propuesta busca que no sigamos agonizando lentamente sector por sector ni permitamos que se termine de marchitar la Fuerza Pública y quedemos en manos de las milicias petristas, y tengamos que rendirnos ante el propósito cada vez más evidente de que Petro quiere perpetuarse en el poder al mejor estilo venezolano y nicaragüense.
c De lograrse unas claras mayorías, como estoy seguro ocurrirá, se habrá puesto fin a esta pesadilla. Y de no conseguirlo, tan solo anticiparemos todo lo que está por venir, pero con cuentagotas y sin remedio alguno.
Pero, claro, lo primero es precisar si estamos hablando el mismo lenguaje, o sea, tramitar un proceso de convocatoria como lo señala la Constitución en su Art. 376 y en la Ley 1757 de 2015, que reglamentó integralmente la materia, es decir, mediante la aprobación de una ley en el Congreso que luego sea avalada por la Corte Constitucional, convocando a los colombianos para que estos aprueben o no la constituyente.
Pero mucho me temo que el presidente está pensando en algo bien distinto, como lo sería sacar un decreto convocando él una constituyente, donde su gobierno defina qué sectores y en qué proporciones la integrarían. O sea, igualito al decreto 2830 de 2017 que sacó Maduro en Venezuela convocando “la asamblea nacional constituyente, ciudadana y de profunda participación popular”.
Me responde Petro que el proceso constituyente no es entre los dirigentes políticos del país, sino entre los que él diga. Lo cual me confirma la importancia de no soslayar este debate porque el camino que están previendo no es el que ordena la Constitución Nacional, sino seguramente el seguido por Maduro, que eligió 300 constituyentes afectos a su gobierno de los 368 posibles, o sea, con delegados escogidos a dedo entre sus seguidores políticos, segmentando los sectores que podían participar. Así procedieron cuando esa dictadura perdió las mayorías en el Congreso.
Por algún lado tenía que saltar la liebre y ya vamos viendo qué camino escogieron.
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