Recientemente, hemos sido testigos de una serie de actos violentos llevados a cabo por la minga indígena. El propósito de esta columna no es solo condenar estos actos, sino también exigir que se haga justicia y que no se permita que la impunidad prevalezca bajo el pretexto de la autonomía indígena.

Es indiscutible que las comunidades indígenas de nuestro país poseen derechos que deben ser respetados y salvaguardados. Reconozco sin duda alguna las deudas históricas con estos pueblos.

Sin embargo, es importante destacar que, al igual que todos los ciudadanos, las comunidades indígenas también tienen responsabilidades cívicas que deben cumplir, siendo la más importante el acatamiento de las leyes que rigen nuestra sociedad.

La minga indígena, en su búsqueda de atención y cambio, ha recurrido a la violencia, lo cual es inaceptable. La irrupción violenta en la revista Semana se suma a un sinnúmero de delitos cometidos en los últimos años, incluyendo el secuestro de policías y los bloqueos de carreteras. La gravedad de estos actos no puede subestimarse, y su impacto se extiende más allá de las víctimas directas. Lamentablemente, en el contexto indígena, estos delitos a menudo quedan sin castigo.

Es importante señalar que la irrupción en la revista Semana se debe, en parte, a la actitud del gobierno que ha contribuido a crear un clima tenso. Los ataques constantes a los medios de comunicación, en especial a esta revista, han fomentado un ambiente de hostilidad y desconfianza. Atacar un medio de comunicación equivale a privar a la sociedad de su capacidad para acceder a información imparcial y ejercer el escrutinio necesario sobre el gobierno y otras instituciones. En un mundo donde la información es poder, debemos proteger ferozmente esta libertad.

Por eso, la declaración por Twitter del presidente Petro, que parece haber sido forzado a manifestarse en contra, resultó ser totalmente desatinada y no acorde con la posición de un jefe de Estado, cuya obligación es salvaguardar la democracia y garantizar la libertad de prensa. El mensaje ni siquiera hace referencia a la minga. Aún más preocupante es el mensaje de la ministra de trabajo, que justificó estos hechos.

La justificación de las vías de hecho se ha convertido en una constante del gobierno. No olvidemos la defensa de esta administración después del secuestro de policías, argumentando que se trataba de un cerco humanitario. Además, se ha observado una permisividad por parte de los miembros del gobierno en las tomas por vía de hecho de fincas que han sido adquiridas de buena fe por parte de sus propietarios.

¿Qué sucederá mañana? ¿Entrarán en nuestras casas? ¿Atacarán a aquellos que los consideren enemigos; ¿Todo esto con la anuencia del gobierno?

El gobierno de Gustavo Petro ha demostrado una alarmante tendencia hacia el autoritarismo desde el principio. La estrategia de milicianización está en marcha.

Aunque muchos nos tildaron de exagerados durante la campaña, los hechos actuales dejan en claro que teníamos razón al advertir sobre el riesgo que representa su gobierno para nuestra democracia.

¿Qué vamos a hacer? ¿Seguirán muchos doblegados por el gobierno o sin tomar posiciones firmes por miedo?

Si continuamos por este camino, lo que nos espera es la pérdida del país. Lo que ocurrió hoy ya no es una simple alerta, es la realidad.

Adenda: La campaña política descarada que está llevando a cabo Petro en apoyo a Gustavo Bolívar viola claramente todos los principios de transparencia.

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