Ahora el 29 de diciembre que pasó, el Señor Presidente anunció el plan de austeridad de los últimos 25 años, con una trigésima reforma tributaria.  Todo estaba anunciado, desde hace tres años largos con la aparición de Mr. Covid y las dificultades económicas recesivas del encierro que justifican la austeridad.

El Señor Presidente en nombre de la izquierda, nos recetó este ajuste que se acabó de aprobar y de paso, nos restringió las libertades y derechos constitucionales.

Estudioso y posudo, repasó a Vico y a Nietzsche y su teoría de que los ciclos en la historia se repiten, formulándonos las mismas reformas de Samper, Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque de los últimos cuarenta años.   

En un Estado, absolutamente politizado, donde la meritocracia y sus concursos se quedan solo en el papel, es muy difícil manejar una verdadera carrera administrativa, que además, así llegare a ser perfecta, nunca lograría como no se ha logrado en ningún país de la democracia occidental, cubrir todas las funciones especializadas del servicio.

Para ello la creatividad constitucional legal ha dejado ese margen especializado en las Órdenes de prestación de servicios. Así, en tales términos es absurdo pretender en este mundo de cambios cotidianos, repentistas e inesperados, se pueda prever en el primer trimestre de 2023, todo lo que sucederá en los tres restantes.

No solo las órdenes de vigilancia y control, sino todos los demás. Para la muestra un botón, como dicen las señoras de Pamplona: Es el caso el Contrato de Vigilancia de Seguridad del Municipio de Cúcuta, que vencido el 31 de diciembre de 2019 continuó de “facto”, lo cual es ilícito y sancionable y el Señor Alcalde sin soportes contractuales, pagó por ello algo más de $6.000 millones de pesos incurriendo en un peculado culposo por lo menos.

Así, que no resulta atinado en el plan de austeridad cuyo borrador se manipula en el ministerio de Hacienda y marchitar esta modalidad especializada, con el pretexto de la contratación de planta. Tal experimento confuso, de muchos trámites y firmas; significan más burocracia y dan pie a la “coima en cadena”, generando un eslabón más de corrupción.

Un territorio constitucional inexplorado es por ejemplo el que el impone el artículo 305.10 a los Gobernadores y Alcaldes municipales relativos al control constitucional de todos, no a unos cuantos de los acuerdos municipales, a los actos y hechos administrativos de tales funcionarios.

Nuestro Gobernador solo para ello necesitaría 60 abogados de tal control, para realizar el de las Ordenanzas, los actos administrativos departamentales, de los actos hechos administrativos, acuerdos y contratos municipales de los cuarenta municipios y de sus entidades descentralizadas.

Como se ve, no hay que hilar tan delgado en esta materia. 

Adenda. En las demás profesiones se aplica la misma doctrina.