Se solucionó transitoriamente la protesta campesina en diferentes municipios del país como consecuencia de los aumentos exagerados en los avalúos catastrales impuestos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en cumplimiento de la actualización catastral ordenada en el artículo 49 del Plan de Desarrollo del presidente Petro, que repercuten igualmente en aumentos desproporcionados en el impuesto predial.
Con la intervención efectiva del gobernador de Santander que se apersonó de la problemática y la ausencia de nuestro gobernador William Villamizar dejándole el protagonismo seguramente en un acto de generosidad a su colega, se ordenó a los directores regionales del IGAC realizar de oficio una revisión generalizada de las inconsistencias producidas en millares de predios reevaluados. En caso de no rectificarse estas, muy seguramente, denlo por hecho, resurgirá de nuevo el estallido campesino.
Pero dejemos a un lado la problemática que el gobierno nacional ha generado tratando de remediar de un plumazo, sin anestesia, un rezago en los avalúos que ellos mismos consintieron durante años y concentrémonos en la parroquia. En Cúcuta siendo un municipio habilitado como gestor catastral, habrase visto, contrató por una suma millonaria con otro gestor catastral, Área Metropolitana de Barranquilla, la actualización en las comunas 2 y 5 aumentando exageradamente los precios de los avalúos muy por encima de sus valores comerciales ¡absurdo! y pasándose por la faja el Estatuto Tributario de la ciudad que prohíbe en su parágrafo del art. 77 incorporar a la base tributaria los avalúos en forma parcial. Indagado el subsecretario del Catastro Multipropósito de Cúcuta por el suscrito sobre esta anomalía, argumentó que:“los concejales habían introducido abusivamente ese parágrafo en el Estatuto contrario a la ley”. Le manifesté acto seguido, que el alcalde podía haber objetado el proyecto de acuerdo aprobado por el concejo por ser contrario a la ley, más sin embargo lo sancionó y es ley municipal con presunción de legalidad. Mutismo total.
Los concejales de Cúcuta en el cacareado debate de control político se rasgaron las vestiduras, al unísono incluso, le pidieron públicamente a la ciudadanía la desobediencia civil negándose a pagar el impuesto predial. Pero no pasó del populismo, de decisiones concretas nada. ¡Qué vergüenza!
Un avalúo catastral no debe superar el 100% del avalúo comercial de los inmuebles, no debe superar el 50% del pago de impuesto predial con relación al año anterior, no debe superar un canon de arriendo hipotético, serían impuestos confiscatorios leyes 1995-2019, 44-1990, 1450-2011, situaciones que también debe afrontar la Superintendencia Notariado y Registro encargada del control y vigilancia de las oficinas de Catastro.
En Cúcuta, emulando lo sucedido a nivel nacional con los campesinos sin esperar que se reboten los habitantes de los barrios perjudicados por la actualización, el alcalde debe ordenar que de oficio los señores gestores de Catastro Multipropósito de Cúcuta-Barranquilla, corrijan las inconsistencias surgidas por esa mal llamada actualización a OJÍMETRO, o en su defecto presentar un proyecto de acuerdo al Concejo municipal rebajando las tarifas que se hicieron en un momento donde el avalúo catastral era más o menos del 50 a 60% del valor comercial del bien, como fórmula compensatoria para el bolsillo de los cucuteños.
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