Wadith Manzur, representante a la Cámara por el Partido Conservador y senador electo para el período 2026-2030, presentó este jueves su renuncia formal como integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes mediante carta dirigida a la Mesa Directiva de esa corporación.

Envió la misiva mientras permanece recluido en el complejo penitenciario adscrito a la Escuela de Carabineros —vinculado a La Picota— con medida de aseguramiento privativa de la libertad dictada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 11 de marzo de 2026, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), cuya investigación apunta a un perjuicio al erario cercano a los $92.000 millones.

En el documento, suscrito con su cédula de ciudadanía de Cereté (Córdoba) y dirigido al presidente de la Cámara, Julián David López Tenorio, precisó que el espacio que ocupaba en la comisión "queda a disposición de la Honorable Cámara de Representantes, con el fin de que sea provisto por otro integrante del Partido Conservador, de conformidad con los acuerdos y criterios de representación política correspondientes".

Con la investigación de la Corte Suprema en curso, Manzur participó en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y obtuvo 134.914 votos, lo que lo posicionó como el séptimo candidato más votado del país y el tercero del Partido Conservador, con lo que obtuvo su curul en el Senado para el período 2026-2030.

Tres días después de los comicios, la Corte dictó la medida de aseguramiento privativa de la libertad. Su desempeño incluyó 6.326 votos en Uribia (La Guajira), municipio distante de su base política en Córdoba, en medio de alertas previas sobre patrones atípicos de votación en esa zona.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió ese 11 de marzo de 2026 acusar formalmente a cinco congresistas en ejercicio y a un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio, dentro de la investigación por corrupción en la Ungrd, e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, mientras que otros cuatro investigados continuaron vinculados al proceso en libertad. Esos cuatro son Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

Apenas ocho días después de la decisión de la Corte, el 19 de marzo, Manzur fue trasladado de manera definitiva al complejo adscrito a la Escuela de Carabineros, vinculado a La Picota, donde permanece recluido.

Un día antes de que se hiciera efectiva la orden, Manzur publicó en redes sociales que tenía "plena tranquilidad" frente a las acusaciones y "total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal." El 12 de marzo se entregó voluntariamente al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, donde se realizaron las diligencias iniciales del procedimiento.

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La defensa de Manzur presentó ante la Corte Suprema una solicitud para que se garantizara la posibilidad de que el congresista se posesionara el 20 de julio, mediante "la autorización de traslado temporal, excepcional y bajo estrictas condiciones de custodia", con el fin de materializar el acto constitucional. Sin embargo, el alto tribunal respondió que no emitiría un concepto de fondo sobre la solicitud y trasladó la responsabilidad al Senado.

El secretario general del Senado, Diego González, confirmó el 30 de marzo que el caso fue recibido y será objeto de análisis.

El caso Ungrd

El caso comenzó a tomar forma pública en febrero de 2024, cuando se hicieron denuncias sobre sobrecostos y falta de operatividad en la compra de 40 carrotanques por $46.800 millones para suministrar agua en La Guajira. Posteriormente, Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, confesó la existencia de un entramado de coimas con la participación de altos funcionarios y congresistas.

De acuerdo con el expediente, los hechos bajo análisis habrían ocurrido en el segundo semestre de 2023, cuando Manzur hacía parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). Según la investigación, el congresista habría aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito externo.

La Corte Suprema señaló en la providencia que "en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar."

El nombre de Manzur surgió en la investigación a través de varios elementos probatorios. En la hoja 20 de una libreta de apuntes marca "Norma" —tipo minibloque de colores amarillo y azul, entregada por la defensa de Olmedo López como elemento material probatorio a la Fiscalía— aparece anotado "Wadith Manzur-Costa."

En interrogatorios ante la fiscal del caso, María Cristina Patiño, López sostuvo que la congresista Karen Manrique habría sugerido el nombre de Manzur como el legislador que mantendría contacto con María Alejandra Benavides en la intermediación entre el Legislativo y el Gobierno. Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, fue beneficiada posteriormente con principio de oportunidad.

Dentro de las diligencias también se menciona una reunión realizada el 15 de diciembre de 2023 en el despacho del entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco —hoy detenido por el caso— en la que se habrían discutido proyectos y contratos para municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar.

Al concluir la reunión, Benavides confirmó que los contratos ya estaban definidos y que involucraban a Manrique y a Manzur, por un valor aproximado de $92.000 millones. López aseguró haber registrado sus comunicaciones con Pinilla mediante mensajes de WhatsApp.

¿Quién es Manzur?

Wadith Manzur es hijo del exsenador Julio Manzur Abdala, político cordobés cuyo caso fue uno de los más representativos del fenómeno de la "parapolítica", que destapó la magnitud de la influencia de grupos armados ilegales en la política colombiana. Tras su paso por la cárcel y los procesos judiciales, Julio Manzur está actualmente vinculado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Tras ser expulsado en 2022 por falta de aportes relevantes, la JEP lo readmitió en 2023 al considerar que sus nuevos testimonios contribuyen a esclarecer la verdad sobre vínculos con paramilitares en Córdoba.

La justicia investiga a Wadith Manzur por cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos, vinculados al entramado de corrupción en la UNGRD. Manzur es representante a la Cámara desde 2018 y ha negado los señalamientos en su contra.

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