A cinco años del acuerdo de paz, militares y policías víctimas de minas antipersona en el país, piden a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la apertura de un macroceso por estos hechos, porque según ellos no los han tenido en cuenta.

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“Las víctimas de minas tenemos derechos también, nos han excluido, deben reconocer que también somos personas, salimos de casa con un futuro y en manos del conflicto perdimos casi todo”, dice Roberto Márquez, miembro de la Fuerza Pública víctima y amputado por acción de una mina antipersona en el Cesar.
 

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Por su parte, Juan Carlos Castillo, quien también fue víctima de estos artefactos, reclama oportunidades, en el marco de la implementación de los acuerdos: “El reclamo que hacemos es que nos tengan en cuenta y nos incluyan, que podamos acceder a una curul, también queremos ser incluidos en la parte educativa, que nos den oportunidades y prioridad, nosotros las victimas de minas estamos excluidos”.

Por otra parte la Corporación Mil Víctimas, denunció que posterior a la firma de los acuerdos, 772 militares han sido víctimas del uso de artefactos explosivos improvisados, de los cuales 107 han sido asesinados, siendo las disidencias de las Farc y el Eln los máximos responsables.
 

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