Luego de amenazar con un paro nacional por la delicada crisis de seguridad en las cárceles del país, el sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, logró llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional para garantizar sus derechos laborales.

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Tras una reunión con el Ministerio de Justicia, el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Óscar Robayo, confirmó que “se aseguró la estabilidad de la prima de riesgo para el cuerpo de custodia y vigilancia”, una de las mayores exigencias de los trabajadores que argumentaban un alto nivel de riesgo.

“Nos trasladamos a una mesa técnica con un estudio previo que tiene que hacer el Estado para el conocimiento de cuánto vale la ampliación de la prima de los administrativos. Posteriormente se ampliará esta mesa con el Ministerio de Trabajo, Función Pública y el Ministerio de Justicia para reformar el acto legislativo 01 de 2005 en el transcurso de este año”, dijo Robayo.

Dicho acto legislativo es el que establece los salarios para los dragoneantes, guardias y puestos administrativos del Inpec, por lo que Robayo está confiado de que “este Gobierno presentará la reforma este año”.

De hecho, el presidente de la UTP aseguró que “fue una reunión muy positiva” en la que se notó la buena voluntad del ministro de Justicia, Néstor Osuna.

“Hacemos un llamado a los trabajadores de que es un nuevo acuerdo y se sustenta en los elementos de riesgo que atraviesa el Inpec”, dijo Robayo.

Como es bien sabido, múltiples guardias de las principales cárceles del país han sido amenazados y posteriormente atacados en medio de la crisis de orden público que se vive en los centros penitenciarios.

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Fruto de esa violencia, el pasado 10 de febrero se confirmó el asesinato de un guardián del Inpec que salió a desayunar de la Cárcel de Cartagena y fue abordado por dos hombres motorizados que abrieron fuego en su contra y lo dejaron tendido en el suelo sin vida.

Después de esa crisis, el Ministerio de Justicia y el director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, decretaron una emergencia carcelaria que implica varias medidas urgentes para frenar la violencia. Entre ellas, una de las fundamentales era este acuerdo con el sindicato.

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