El Estado colombiano no tendrá que pagarle $700.000 millones a la minera canadiense Montauk Metals Inc (antes Galway Gold Inc), luego de que un Tribunal Arbitral constituido bajo la aprobación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) falló en contra de las pretensiones de la empresa extranjera.
El litigio inició luego de que la minera canadiense interpuso una demanda en contra de Colombia, en la que argumentó que la prohibición de desarrollar su proyecto de explotación en el páramo de Santurbán se podría considerar una falta al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Canadá y Colombia, en relación con una posible expropiación y violación al estándar de Trato Justo y Equitativo.
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Al respecto, de acuerdo con el fallo del tribunal, se encontró que las medidas adoptadas por Colombia fueron tomadas de buena fe y constituían un ejercicio legítimo del derecho que tiene el Estado para ejercer potestades regulatorias que protejan el ecosistema de páramos.
Con respecto a la posible expropiación, el tribunal acogió los argumentos de la defensa de Colombia en los que señaló que la prohibición de actividades mineras en ecosistemas de páramos y su implementación de forma particular en el páramo de Santurbán no constituyeron una expropiación de los derechos del inversionista.
Por otro lado, el tribunal explicó en su fallo que el inversionista no tenía una expectativa legítima de que Colombia no iba a proteger los páramos, por tanto las actuaciones del Estado no podrían se calificadas de arbitrarias o injustas.
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Al respecto, el director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Jhon Camargo, señaló que Colombia derrota de forma absoluta a la minera Montauk (antes Galway) en el arbitraje por la prohibición de minería en Santurbán.
“El tribunal señaló, en línea con lo decidido por el tribunal del caso Red Eagle, que la prohibición de minería en páramos no viola el TLC con Canadá porque se trata de una medida regulatoria legítima implementada sin discriminaciones”, dijo Camargo.
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Con respecto al fallo en el caso Eco Oro, el alto funcionario precisó que “cada vez emerge con mayor claridad que la decisión contra Colombia en ese caso es un absurdo jurídico que debe ser anulado”.
Por ahora, tanto el páramo de Santurbán como las finanzas del Estado están protegidas.
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