Dicho y hecho, la reforma a la salud, uno de los proyectos sociales de alto impacto que tiene el presidente, Gustavo Petro, sigue empantado en la Cámara de Representantes y no saldría de esa condición sino hasta después de las elecciones regionales de fin de mes.

El proyecto se encuentra en discusión en la plenaria de la Cámara, en donde ya logró, con unas mayorías muy justas, la aprobación del informe con el que termina la ponencia, lo cual le permite que arranque la discusión del articulado.

Hace tres semanas, sin embargo, se acordó la creación de una comisión accidental con la presencia de todos los partidos con dos propósitos: uno, el de encontrar acuerdo en más de 400 propuestas de modificaciones; y dos, el más fundamental la concertación del grueso del proyecto.

Lo poco avanzado fue la eliminación de la intermediación financiera por parte de las EPS, lo cual llevaría a que el pago de bienes y servicios se haría directamente a los prestadores.

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Así como las facultades al presidente de la República para que reglamente el régimen laboral del sector, brindar mejores garantías a médicos y enfermeras y fortalecer la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Salud, también serían aprobadas con apoyo total.

El manejo de los recursos por parte de la Adres logró un acuerdo parcial, esto porque se planteó que entidad pueda manejar la totalidad del presupuesto del sector, pero se cuestionó dado que se le estaría dando una función que no tienen capacidad de cumplir.

Los aspectos en que no hubo acuerdo son los mismos que se han tenido desde el comienzo del trámite del proyecto en marzo pasado, entre ellas, las funciones de las EPS o que el Gobierno quiere sean gestoras de salud y vida, porque se les quita la función de contratación, además tampoco seguirían al frente de las redes de prestadores como sucede actualmente sino que ahora sería el Ministerio de Salud.

El presidente de la Cámara, Andrés Calle, planteó que el proyecto se discutirá sin carreras en la plenaria. “Tendrá todo el tiempo necesario para su discusión, no vamos a correr”, manifestó.

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Calle es uno de los congresistas liberales más cercanos al presidente Petro, por lo cual su postura se ha tomado como positivo en otros partidos en donde se asegura que no se va a “pupitrear” la reforma.

El coordinador ponente del proyecto, representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, sostiene que lo hecho en la comisión sí es un avance para el futuro del proyecto y confió en que se tengan las mayorías para que pase el proyecto a su trámite por el Senado de la República.

Para Mondragón, la discusión no puede “volver a la figura de que sean las EPS las que conformen las redes de prestadores de IPS, porque a través de esta figura han logrado la integración vertical”.

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Postura contraria es la que mantiene el representante del Centro Democrático Andrés Forero, uno de las voces más críticas que ha tenido el proyecto, quien declaró que “mantenemos las alertas porque sentimos que el país va a retroceder, están condenando a los colombianos a un costoso e ineficiente monopolio estatal. Las funciones que les entregan a las EPS, las va a terminar marchitando”.

La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, otra férrea opositora al proyecto, aseguró que ese informe expresa de forma clara cuánto costará esta reforma.

“El ministro de Hacienda no ha sido capaz de decirnos si tenemos el dinero para lograr la reforma”, afirmó.

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