Desde que se confirmó la participación de Emilio Tapia, condenado por el ‘carrusel de la contratación’, en el escándalo por el millonario contrato entre Mintic y Centros Poblados, se empezó a hablar de su posible colaboración con la Fiscalía.
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Es una estrategia que Tapia ya había usado en el pasado para salir bien librado de sus acciones delictivas, así que no era sorpresa que lo hiciera de nuevo en este caso. Tapia, quien según indicó la Fiscalía, manejaba las empresas que conforman Centros Poblados “desde la sombra”, dando órdenes a terceros de su entera confianza, le dijo al ente investigador que estaba dispuesto en contar qué políticos estaban implicados en el escándalo.
Pues bien, poco tardó en conocerse la noticia, cuando empezaron a sonar los primeros nombres de los políticos que posiblemente habrían tratado de inferir en la exministra Karen Abudinen, para que no cediera el contrato.
Con los nombres en los titulares de la prensa, la Corte Suprema de justicia confirmó que se abrió una investigación preliminar contra cuatro senadores por su presunta relación con el escándalo. Los investigados son Armando Bennedetti , Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical), Daira de Jesús Galvis Méndez (Cambio Radical) y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal).
La razón por la que se abrió la investigación en contra de los congresistas, fue la denuncia presentada por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común y la otra por Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia Red Ver.
Además, se conoció que el ahora exembajador ante Estados Unidos, Francisco Santos, también llamó a Abudinen para hablarle sobre este caso. Santos reconoció que se comunicó con Abudinen para interceder por la firma norteamericana Hughes, para que le entregaran el contrato que tenía Centros Poblados.
Según Santos, la comunicación con la exministra no fue clandestina y hacía parte de sus funciones como embajador, ya que, según él, los embajadores deben garantizar que a las empresas americanas no las saquen de las competencias para la licitación y se debe permitir que compitan.
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Además, Santos explicó que conoce a Hughes desde 1996 y planteó que se trata de un “jugador grande” del negocio de las telecomunicaciones, por lo que aseguró que les informó sobre la licitación, pero su propuesta no prosperó y fue superada por la de Centros Poblados, firma que se quedó con el contrato.
Todos los congresistas mencionados han salido públicamente a rechazar los señalamientos que los relacionan con Centros Poblados e incluso algunos, como Benedetti, han dicho que se trata de una persecución política para defenderse de las acusaciones.
Sin embargo, los cuatro legisladores han hecho saber que acudirán ante los estrados judiciales cuando sean requeridos para explicar sus actuaciones.
De comprobarse que Benedetti y Amín llamaron a la exministra con tal intención, para el abogado Camilo Iván Pizza, se podría configurar el delito de tráfico de influencias de servidor público.
“De comprobarse la llamada, se configura el artículo 411 del Código Penal, tráfico de influencias... Lo que se sabe es que Benedetti, siendo servidor público, utiliza sus influencias derivadas del ejercicio de su cargo como senador, con el fin de obtener un beneficio por parte de quien en ese momento era ministra. No se sabe cuál sería el beneficio, pero no es correcto lo que hizo y si se demostrara que realizó la llamada con la finalidad de obtener un beneficio.
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