El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 199 de 2024 en el que establece un Plan de Austeridad para este año y con el que se buscaría ahorrar alrededor de US$600 millones.
El Decreto está dirigido a todos los órganos y entidades del Estado que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.
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En el decreto se imparten lineamientos sobre la suscripción de contratos de prestación de servicios, horas extras y vacaciones, además de la adquisición de bienes inmuebles, la prelación de encuentros virtuales, el suministro de tiquetes, la adquisición de vehículos y gastos de publicidad y papelería.
El más llamativo tiene que ver con los viajes en avión a destinos nacionales e internacionales. Dice que se deben hacer en clase económica o en la que tarifa que no supere el costo de esta categoría. Tiene como excepciones que viaje dure más de ocho horas o que los ministros del despacho viajen para promover el financiamiento del Estado.
También plantea un plan de ahorro en publicidad estatal, en que les solicita a todas las entidades abstenerse de celebrar contratos de publicidad personalizada, tales como agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, lapiceros, en el que se tengan que adquirir revistas, imprimir informes o folletos.
El decreto también ordena priorizar la virtualidad en todas las reuniones de los funcionarios. Esta prelación también se tendrá que privilegiar en los eventos oficiales y en las comisiones al exterior. “Toda comisión de servicios y de estudios al exterior de servidores públicos de entidades que pertenecen a la rama ejecutiva del orden nacional , debe justificar la exigencia de la presencia física y deberá contar con la autorización previa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, dice el decreto expedido por el Minhacienda.
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Las entidades también tendrán que justificar la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y ajustar el pago de horas extras a las estrictamente necesarias.
Además, la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional harán una revisión de los esquemas de seguridad de los servidores públicos en la rama Ejecutiva para reducir su conformación. También se evaluará la viabilidad de implementar dispositivos como cámaras o alarmas.
En cuanto a la compra de vehículos oficiales, solo podrán comprarse nuevos automotores si tienen más de seis años de antigüedad y su necesidad esté justificada.
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