Un informe de más de 100 página generó la Procuraduría General de la Nación con una serie de advertencias y observaciones sobre la reforma agraria y la compra de tierras, este último considerado la piedra angular en la implementación de la política de reforma agraria del país, que busca, entre otras cosas, redistribuir de manera más equitativa la tierra para fomentar el desarrollo rural y aumentar la productividad agrícola.

El detallado informe da cuenta de las conclusiones de las auditorías internas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las cuales advierten diversas inconsistencias y desviaciones de los procedimientos estándar que podrían comprometer la integridad y efectividad del proceso de adquisición de tierras.

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En total son 11 puntos con desarrollos amplios, entre ellos el relacionado con las irregularidades en los procedimientos de compra. En este punto el Ministerio Público encontró que estarían en riesgo 136 mil 911 millones de pesos de las presuntas irregularidades en el proceso administrativo de compra de al menos 288 predios.

“A fin de realizar un cálculo estimativo de los valores que se ponen en riesgo con tales acciones se tomaron como base los precios de los inmuebles estimados para el pago según la información de los expedientes de compra y los valores pagados por los avalúos en los casos en los que se señala que no se debieron ordenar. En suma, el valor que se pone en riesgo corresponde a 136.911.777.315 pesos”, detalla el informe.

Aclara el organismo que la cifra podría incluso ser más alta, dado que allí no se están incluyendo “los valores de 56 avalúos ya practicados, sobre predios con imposibilidad de adquirir, pero sobre los cuales no se ha hecho aun el desembolso y que si mantuvieran el valor promedio de los 39 casos en los que ya se realizó desembolso implicaría el pago de 556.000.000 adicionales”.

Así mismo, advierte un tránsito normativo disperso, del “proceso de compra de predios”, el cual no es sistemático dadas las múltiples modificaciones implementadas que no aseguran su coherencia.

“Las diferencias entre los procedimientos sugieren contradicciones parciales, afectando la coherencia del sistema legal y complicando la funcionalidad del proceso de compra de predios. Se plantea la necesidad de una gestión más transparente y eficiente que respete los procedimientos legales establecidos y que atienda de manera rigurosa los riesgos identificados”, incluye.

Dice el informe que la reforma además es irregular por insuficiencia de reglas técnicas y operativas, inconsistencia de un tercer procedimiento, deficiencias en los estudios de títulos, irregularidades en los contratos de promesa de compraventa, deficiencias de los conceptos técnicos, predios sin acta de entrega material, ineficiente práctica de avalúos sobre predios sin conceptos técnicos y jurídicos e inconsistencias en la gestión de recursos para la compra de tierras, entre otras observaciones.

El análisis de la Procuraduría se basó en 86 de las 288 compras de tierra por parte de la ANT, generando un hallazgo irregular en el 62% de las compras hechas, hasta el momento.

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“Las conclusiones derivadas de este estudio pretenden servir de guía para mejorar los procedimientos de compra de tierras, con el objetivo de optimizar los recursos, mejorar la transparencia y asegurar la efectividad de la política de reforma agraria en beneficio de las comunidades rurales del país”, dice el organismo.

Un punto que considera grave el organismo es la baja ejecución financiera y las “discrepancias significativas”, calificando la gestión como ineficaz.

“Pese a que se asignaron altos recursos para la compra de tierras, la ejecución financiera real es baja, con un desembolso mucho menor de lo previsto, lo que sugiere una gestión ineficaz de los recursos. La ejecución presupuestal para compra de tierras solo correspondió al 33% equivalente a $407.021.505.886 respecto de la apropiación global para los rubros de compra de tierras que fue por valor de $1.231.895.430.164 –si se toma el valor apropiado según la respuesta de la ANT del 14/03/2024- debido a que los $645.000.000.000 fueron trasladados al Fondo Colombia en Paz, pero realmente la ejecución al 31 de diciembre de 2023 correspondió al 0%”, añade el documento.

Estas observaciones se suman a las ya elevadas por otros sectores frente a la reforma agraria, una de las iniciativas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Justamente, la propuesta de Petro era comprar tres millones de hectáreas productivas a los grandes poseedores de tierras para entregársela al campesinado. En 2022, pocos meses después de iniciado su gobierno, la reforma comenzó a andar luego de que Ministerio de Agricultura acordara con un poderoso gremio: Fedegán, la compra de tierras para adelantar esta iniciativa.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la lenta ejecución, la ambiciosa reforma tuvo que bajar sus expectativas de compra de tres millones a la mitad, 1,5 millones de hectáreas.

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