Por posibles incumplimientos en la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a 2.210 niños y niñas del Urabá antioqueño, la Procuraduría abrió indagación previa contra servidores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Según información denunciada por medios locales, “170 hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estuvieron 8 días sin recibir paquete alimentario” y que la asociación María Auxiliadora, el operador a quien el ICBF entregó el contrato por $ 5.300 millones de pesos “no tiene con qué responder sus obligaciones y está buscando a quien cederle el contrato, pero aún no lo ha encontrado”.
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Igualmente, manifiestan que la mencionada asociación “debía asegurar hasta el 31 de octubre de este año la alimentación de 936 niños en Apartadó, 845 en Chigorodó, 286 en Vigía del Fuerte, 65 en Murindó, 52 en Mutatá y 26 en Carepa”, y que recientemente sus cuidadoras estuvieron en paro por atrasos en sus pagos.
En la denuncia que dio a conocer el ente de control también informaron que, pese a esta situación, la directora regional del ICBF reconoce que aunque el operador ha incumplido el contrato y ha manifestado querer terminarlo, no es prudente aceptar esta terminación dado que “por asuntos administrativos y jurídicos sería perjudicial para la atención de los niños y de las madres comunitarias”.
Tras conocerse la problemática, la procuraduría provincial de Instrucción de Apartadó solicitó al ICBF un informe detallado sobre la ejecución del contrato que, al parecer, suscribió con la Asociación María Auxiliadora.
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