La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir una investigación penal contra seis congresistas acusadas de injuria y calumnia por el ministro del Interior, Armando Benedetti, al concluir que las legisladoras actuaron amparadas por el ejercicio de su función de control político cuando firmaron una carta dirigida al presidente, Gustavo Petro, para rechazar el nombramiento del alto funcionario, a quien calificaron de "misógino" y "maltratador”.

La situación dio un giro judicial luego de que el tribunal remitiera el expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para indagar las expresiones sexistas emitidas por el jefe de la cartera en contra de la representante Catherine Juvinao.

La controversia judicial comenzó con una misiva enviada en febrero de 2025 al mandatario colombiano, cuyo asunto advirtió explícitamente: "Mujeres congresistas rechazamos el nombramiento de Armando Benedetti como Ministro del Interior".

El documento, firmado por las parlamentarias Catherine Juvinao Clavijo, Julia Miranda Londoño, Lina María Garrido Martín, Marelen Castillo Torres, Carolina Giraldo Botero y Luvi Katherine Miranda Peña, cuestionó la idoneidad del dirigente político para asumir el cargo y lo vinculó con presuntos episodios de violencia de género.

En el texto dirigido a la Casa de Nariño, las legisladoras sustentaron su inconformismo afirmando que "resulta inaceptable que una persona señalada por presuntas violencias de género sea ahora la encargada de interlocutar, como enlace directo con el Gobierno, con las mujeres que hacen parte de la corporación y que luchan todos los días contra la violencia machista".

Frente a estas acusaciones, Benedetti presentó una querella formal al considerar que las expresiones de las congresistas transgredieron los límites del respeto a "la dignidad humana, la integridad moral, el buen nombre e incluso la presunción de inocencia".

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El ministro explicó que el pronunciamiento lo afectó gravemente y enfatizó en la inexistencia de alguna providencia judicial o disciplinaria que lo declarara responsable de los actos de violencia machista que le fueron achacados.

Durante el proceso, el funcionario anexó publicaciones posteriores en redes sociales y entrevistas en medios de comunicación como evidencia de lo que consideró una animadversión sistemática en su contra, y señaló que los señalamientos únicamente buscaban frenar su llegada al gabinete ministerial, perjudicando sus posibilidades laborales.

El fallo de la Corte

Al evaluar el caso, la Corte Suprema de Justicia amparó el accionar de las congresistas bajo la figura de la inviolabilidad parlamentaria, una garantía precisada por la Corte Constitucional que protege los votos y las opiniones emitidas en el ejercicio legislativo para salvaguardar el debate democrático.

La Sala de Instrucción concluyó que las firmantes actuaron en estricto cumplimiento de sus labores de control político, una función que permite cuestionar e investigar las actuaciones de todos los poderes públicos y de quienes inciden en el interés general.

El alto tribunal determinó que las parlamentarias se limitaron a advertir sobre la existencia de acusaciones públicas contra el entonces designado ministro, descartando cualquier intención de difamación.

"Ello descarta el ánimo injurioso, pues tales referencias fueron utilizadas para cuestionar su idoneidad como interlocutor, dada su eventual condición de ministro del Interior, en el marco de su labor como congresistas", señaló la corporación judicial a El Tiempo, que calificó la carta como la emisión de una "opinión crítica" frente a una decisión administrativa atribuida exclusivamente al jefe de Estado.

La decisión del tribunal no solo representó un blindaje judicial para las legisladoras, sino que desencadenó una compulsa de copias en contra del propio Benedetti. Durante la práctica de pruebas, la representante Catherine Juvinao rindió un testimonio detallado en el que denunció haber sido víctima de violencia sexista por parte del jefe de la cartera política, quien, según relató, constantemente la menospreciaba con "insultos relacionados con su condición de mujer".

Juvinao solicitó a la corporación que el proceso se orientara más bien hacia una investigación directa contra el funcionario y presentó como evidencia una serie de publicaciones realizadas por el ministro desde su cuenta personal entre junio y septiembre del año pasado, las cuales contenían calificativos que la congresista consideró abiertamente misóginos.

Ante la gravedad de estas declaraciones probatorias, la Corte ordenó remitir los testimonios y las pruebas documentales a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que evalúen el comportamiento de Benedetti ante un eventual caso de violencia de género.

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